El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) lamentó el fallecimiento de Jorge Salvo, víctima de trauma ocular durante el estallido social que se quitó la vida el pasado miércoles 28 de junio.
Esta semana, el hombre de 30 años se lanzó a las vías del Metro de Santiago, específicamente en la estación Quinta Normal de la Línea 5. A las 17:42 horas la empresa de transporte capitalino lo confirmaría vía Twitter.
Según denunció la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, Jorge se convirtió en el cuarto herido por agentes del Estado en el contexto de las manifestaciones del estallido social de 2019 en suicidarse. “Jorge no tuvo justicia oportuna ni el acompañamiento y contención profesional que requería, al igual que la mayoría de los sobrevivientes de violencia policial”, agregaron desde la organización.
En tanto, la directora del INDH, Consuelo Contreras, detalló mediante una declaración pública tras su muerte que Jorge “fue herido el día 17 de enero de 2020 en un operativo de Carabineros, cerca de Plaza Baquedano. Tras sufrir esta grave lesión fue trasladado al Hospital de Urgencia Asistencia Pública, donde fue atendido y luego entrevistado por funcionarios del Ministerio Público y del INDH”.
“El Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella por el delito de apremios ilegítimos contra quienes resultasen responsables, pero a la fecha aún no hay formalización de la investigación. Como INDH estamos consternados porque el caso de Jorge Salvo es una señal clara y contundente de la desidia que el Estado ha tenido respecto de las víctimas”, agregó.
En la misma línea, Contreras sostuvo que “el INDH presentó 3.174 querellas en representación de 3.641 víctimas. De estas 342 fueron heridas por bombas lacrimógenas, 106 por perdigones y 45 por balas. A la fecha, solo 26 casos de las 3.174 querellas han tenido sentencia condenatoria”.
“Del total de las acciones interpuestas por el INDH, 577 causas ya fueron cerradas. 505 de éstas han sido por decisión de no perseverar, debido a que no se lograron reunir los antecedentes suficientes para sostener las investigaciones”, puntualizó.
La dirigenta del INDH aseveró que “tanto el acceso a la justicia, la sanción de los responsables y la reparación de las víctimas son estándares de derechos humanos que los Estados se encuentran obligados a implementar y asegurar. En el caso de Jorge Salvo y muchas de las víctimas que sufrieron violencia institucional no han recibido ninguna de ellas. Urge contar con una política nacional y programas de reparación efectivos que se hagan cargo de esta obligación”.
“Cabe destacar que el lento avance de las investigaciones judiciales y la falta de medidas efectivas de reparación, tiene efectos irreparables. Por tanto, el Estado tiene el deber de actuar con diligencia e instamos a todos los actores involucrados a adoptar un compromiso más firme en este sentido”, zanjó en el escrito.
