Estudio advierte que en solo 10 años, las estadísticas mundiales de suicidios, abuso policial con resultado de muerte y otros accidentes fatales sufridos por detractores de proyectos ambientales extractivistas, aumentó de 1 a 4 a la semana. Periodista y agente ambiental y de justicia económica del European Environmental Bureau (EEB), Nick Meynen, a propósito del estudio, pone el acento en la muerte del dirigente de Quintero, Alejandro Castro.
Un informe de Global Witness, denominado “¿A qué precio?”, al que tuvo acceso La Nación, da cuenta de una realidad inquietante: en solo una década las estadísticas mundiales de suicidios, abuso policial, con resultado de muerte, y otros accidentes fatales sufridos por detractores de proyectos ambientales extractivistas aumentó de uno a cuatro a la semana. Global Witness es una ONG internacional establecida en 1993 que trabaja para romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, el conflicto, la pobreza, la corrupción y los abusos contra los derechos humanos en todo el mundo. Solo el año pasado Global Witness contabilizó al menos 207 personas muertas por actos de defensa de su entorno. De ellas, la mayoría corresponde a acciones de protesta contra la agroindustria superando por primera vez a las correspondientes a la minería donde 46 personas perecieron en conflictos relacionados con actos ambientalistas. De ese total, se ha documentado que en siete de estos casos más de cuatro personas defensoras fueron asesinadas al mismo tiempo. Casi el 60% de estas víctimas pertenecían a América Latina con el peak en Brasil (57 muertos). 2017 también fue el peor año para Filipinas donde hubo 48 muertes relacionadas con el activismo, la peor marca a la fecha desde el registro. México también subió su marca de 3 a 15 asesinatos respecto del 2016. El informe cita las recientes muertes de manifestantes colombianos enfrentados a paramilitares por la plantación industrial de palma y banano en tierras robadas a su comunidad, reyertas en aldeas filipinas por parte de militares o los indígenas Gamela que enfrentaron con machetes las armas de fuego de la policía para recuperar el control de su tierra (administrada por entidades privadas).MUERTE DE ALEJANDRO CASTRO
El informe “¿A qué precio?” de la ONG Global Witness advertía el 2017 sobre el vínculo entre las muertes de activistas medioambientales y las protestas contra diversas actividades corporativas extractivistas alrededor del mundo.
Si el año pasado se registraba cerca de una muerte a la semana producto de choques contra la policía, accidentes y suicidios, como eventualmente fue el caso del dirigente de Quintero, Alejandro Castro, la última publicación de la entidad alcanza los cuatro decesos a la semana.
La pareja del fallecido líder sindical dijo a los medios locales que el líder ecológico no estaba en un estado anímico como para cometer suicidio que tenían planes en común y que estaba dispuesto a mantener la lucha.
El periodista y agente ambiental y de justicia económica del European Environmental Bureau (EEB), Nick Meynen, a propósito del informe de la organización internacional, pone el acento en la muerte de Castro:
“Actualmente, la muerte de Alejandro está bajo investigación ya que la policía asegura que recibió amenazas de muerte. Por su parte el senador Juan Ignacio Latorre (RD) pidió la revisión de las cámaras ubicadas donde Alejandro fue encontrado muerto en este caso que sigue la estela del de Macarena Valdés, la activista en contra de proyectos hidroeléctricos que fue hallada muerta el 2016 y la líder mapuche Nicolasa Quitreman, quien se oponía a las represas del Alto Biobío y cuyo cuerpo fue hallado flotando en el lago Ralco en 2013”, señala Meynen.
Daniela Manuschevich, licenciada en Ciencias Biológicas y docente de la carrera de Geografía de la Universidad Academia Humanismo Cristiano(UAHC), dice, al respecto, que “el Presidente Piñera anunció medidas cosméticas en Quintero y Puchuncaví, sin embargo, hasta hoy, la intoxicación aguda continúa. Se pensó que, tal vez la muerte de Alejandro Castro en un momento de tensión cambiará la ecuación, pero los allanamientos de Fuerzas Especiales de Carabineros en las oficinas de algunas compañías, incluyendo la empresa estatal de refinería de petróleo ENAP, provocó protestas por parte de los sindicatos de la zona”,
La Doctora en Políticas Ambientales añade que “hay investigaciones que han estudiado la zona de Puchuncaví y han reportaron que desde fines de los 80 se sabe que los agentes tóxicos en el aire del lugar presentan riesgos para la calidad de vida, lo que llevó, en 1993, a declarar a Puchuncaví como zona saturada de partículas (PM) y dióxido de azufre (SO2). Una condición que continúa hasta el día de hoy”.
En momentos en que el Colegio Médico solicitó al Gobierno que declare una emergencia sanitaria en la zona, hay más de mil personas intoxicadas por contaminantes, incluyendo dos peritos de la policía que estaban llevando a cabo investigaciones en Puchuncaví.
