La decisión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que votó a favor de la idea de legislar sobre el controvertido proyecto de indulto general para las personas que fueron detenidas en el marco de las protestas del estallido social, fue criticada por el director de las Américas de la organización Human Rights Watch, el chileno José Miguel Vivanco, quien sostuvo que en nuestro país “no existen presos políticos”.

El abogado remarcó que el proyecto constituye un error, ya que se estaría confiriendo un indulto que desincentiva la protesta pacífica, además de considerar dentro de la medida a personas que cometieron delitos comunes, los cuales fueron graves.

“Este proyecto me parece un grave error. Está claro que durante el estallido social Carabineros cometió gravísimas violaciones a los Derechos Humanos que hacen necesaria una reforma profunda a la institución. Sin embargo, no creo que sea necesario ni conveniente otorgar indultos genéricos a quienes hayan cometido delitos comunes, muchos de ellos muy graves”, sostuvo Vivanco en conversación con El Mercurio, agregando que lo que sí es necesario, es una revisión de mecanismos como el de la prisión preventiva y del debido proceso caso a caso.

“Aquí lo que corresponde es hacer un examen caso a caso de procesos penales para asegurar el respeto pleno del debido proceso de los manifestantes acusados por delitos y, al mismo tiempo, iniciar una discusión seda sobre las normas que existen en la legislación chilena, por ejemplo sobre prisión preventiva, que se presten a abuso”, destacó.

En ese sentido, contravino la opinión del presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Francisco Huenchumilla, quien afirmó que existen presos políticos en nuestro país, y que el Estado tiene la obligación de considerar su situación como de excepción.

“La categoría de presos políticos se aplica a personas que están detenidas para ejercer sus derechos básicos, como libertad de expresión, o asociación o el derecho a profesar una religión”, explicó Vivanco, agregando que también podrían calificar aquellos “que están detenidos y acusados de un delito común, pero han sufrido violaciones graves al debido proceso por razones politicas” y que en ninguno de los dos casos existen evidencias.

Los reveses para el controvertido proyecto se sumaron en la jornada de ayer, ya que la Cámara de Diputados rechazó un proyecto de resolución que pedía al Gobierno impulsar el proyecto de indulto general. La resolución obtuvo 63 votos a favor, 60 negativas y 10 abstenciones, por lo que no alcanzó quórum y fue rechazada.