Por primera vez se podrá conocer el estado y la ubicación de los ascensores que funcionan actualmente en el país, según dio a conocer esta jornada el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, quien anunció un inédito catastro a los aproximadamente 44 mil equipos existentes.

Serán funcionarios de las distintas Seremi que mediante una aplicación registrarán los datos de mantención y certificación, documentación fotográfica del equipo y su georreferenciación. Con ello, se podrán establecer medidas de monitoreo y seguimiento para identificar las problemáticas que se presentan en aquellos sectores que muestran un bajo porcentaje de fiscalización.

“Vamos a iniciar una campaña más ofensiva todavía, donde por un lado vamos a hacer un llamado a la responsabilidad de parte de quienes utilizan los ascensores -que viven o trabajan en lugares donde hay ascensores- para que exijan su certificación y el sello que todos conocemos. Y al mismo tiempo, vamos a iniciar de manera bastante más activa desde el Minvu y desde nuestras seremias en todo Chile, un proceso de catastrar los ascensores que hoy día se encuentran en funcionamiento en Chile, para poder fiscalizarlos de buena manera y exigir que se certifiquen, ya sea positivamente o negativamente”, puntualizó.

El catastro permitirá además que, en caso de eventos de emergencia o accidentes, se pueda identificar rápidamente el estado del equipo y las empresas responsables de su mantención y certificación.

Según datos actualizados al 23 de septiembre, hay 19.744 ascensores certificados (transporte vertical, montacargas y/o escaleras mecánicas), equivalente al 45% del universo total. Las regiones con más certificaciones son la Metropolitana 14.838) con el 75,2% del total país, Valparaíso (1.605), Biobío (743) y Los Lagos (514). Las regiones con menos certificaciones son Aysén (10), Ñuble (42), Magallanes (57).

En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley, tanto respecto a la mantención como a la certificación, una vez finalizado el catastro, se pueden aplicar multas que van entre 50 y 150 UF ($1.389.600 – $4.168.800) en contra del propietario, siendo los Juzgados de Policía Local los tribunales que conozcan estas causas.