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El fiscal regional Mario Carrera dijo que “recordemos que en esta causa en particular nosotros actuamos con la convicción de que la competencia tenía que radicarse en la justicia ordinaria y tenía que estar esta investigación radicada en el Ministerio Público”.

A través de un comunicado, la empresa sostuvo que “quisiéramos llamar abiertamente a los sindicatos, que depongan su paralización, considerando que todas las conversaciones levantadas estos días, son posibles de ser llevadas adelante, sin necesidad de afectar el día a día de las personas”.

“Él se identificó como PDI y usó su arma de servicio, disparando dos o tres veces”, detalló el prefecto Jorge Abate. El hecho ocurrió en Puente Alto.

El conglomerado manifestó “estar disponibles para dialogar sobre otros mecanismos complementarios que permitan frenar el alza en las cuentas de luz. Y, con ello, el alza en el costo de la vida, considerando que se trata de una problemática urgente, sobre la que profundizar las acciones de gobierno que han apuntado a enfrentar la inflación”.

Según consigna La Tercera, la Fiscalía solicitó extender el plazo argumentando que hay diligencias pendientes: recopilación de testigos que aún no han declarado, informes periciales de contabilidad y análisis de la evidencia incautada durante el curso de la investigación.

Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, dijo que insistirá en que se realicen auditorías a los Servicios de Educación Local para corregir todas las falencias que puedan existir y evitar que el daño a los menores se siga profundizando, “solicitud que estamos pidiendo desde hace más de un año”.

“Para dirimir esta contienda, no resulta posible entonces sólo acudir a las normas técnicas de rango legal que regulan la jurisdicción militar, pues este cuerpo normativo, por la época en que fue dictado (año 1944) y la especificidad de la materia que regula, invierte el razonamiento, asumiendo que la jurisdicción militar es la regla general y la jurisdicción ordinaria la excepción”, señala el fallo.

La magistrada Ximena Rivera determinó que la investigación tuvo una “falta de rigurosidad que desembocó en una serie de falta de pruebas” que pudiesen confirmar la autoría en el hecho del empresario.

Usuarios de redes sociales contactaron con los familiares de la adulta mayor desaparecida para informarles sobre el hallazgo de una adulta mayor “muy parecida” en Puerto Montt.

El ministro de Justicia subrayó que “la calificación de motín corresponde a un informe del juez Guzmán, la calificación de Gendarmería es que son desórdenes intensos”.