Se trata del legislador César Villanueva, quien se desempeñó en el cargo entre marzo de 2018 y marzo de 2019, pidió este miércoles “licencia” a su partido, después de que dos exjefes de Odebrecht en Perú declararan el martes a fiscales peruanos en Sao Paulo, Brasil, que le hicieron pagos ilegales por 60.000 dólares mientras era gobernador de una región amazónica.
Los testimonios de los brasileños Jorge Barata y Ricardo Boleira son parte de un acuerdo de colaboración con la fiscalía del vecino país, y fueron publicados por el portal de investigación IDL-Reporteros, dirigido por el periodista Gustavo Gorriti, quien regularmente filtra documentos del caso que involucra a cuatro expresidentes peruanos.
Según la publicación, “Odebrecht hizo dos pagos de 30 mil dólares al expremier César Villanueva, bajo el seudónimo ‘Curriculum vita’ por el caso de la carretera San José de Sisa. Los pagos fueron ordenados por Eleuberto Martorelli”, quien era directivo de la firma.
La versión de Barata señala que el dinero se le entregó en efectivo a Villanueva en 2009, cuando era gobernador de la región amazónica de San Martín (2007-2013).
Villanueva negó haber recibido pagos ilícitos, según el legislador Luis Iberico, jefe de bancada de Alianza para el Progreso.
“(Le) hemos escuchado denegar esta imputación que se le hace”, dijo Iberico a periodistas tras indicar que Villanueva pidió “licencia partidaria” para no afectar al partido mientras dure la investigación del caso.
El presidente Vizcarra se manifestó sorprendido por las declaraciones contra Villanueva y pidió que los hechos se esclarezcan.
“Respecto al exprimer ministro Villanueva, la noticia nos sorprende. Sin embargo, manteniendo coherencia con nuestra lucha frontal contra la corrupción y como lo hemos dicho en otros casos, esperamos que se investiguen los hechos hasta determinar la verdad”, expresó Vizcarra en Twitter.
ENTREGA DE DOCUMENTOS
Villanueva, de 73 años, pertenece al minoritario partido Alianza para el Progreso (centroderecha), y saltó al primer plano a inicios de 2018 como uno de los promotores de un segundo intento de destitución contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por sus vínculos con Odebrecht.PPK renunció en marzo de 2018, lo que condujo la llegada a la presidencia de Vizcarra, y quien era su vicepresidente.
La constructora brasileña también entregó a los fiscales peruanos documentos sobre aportes a campañas políticas, como la de la líder opositora Keiko Fujimori (500.000 dólares) y la excalcaldesa socialista de Lima, Susana Villarán (500.000 dólares), ambas en prisión preventiva en el marco de las investigación del escándalo.
Entre los documentos entregados también figura una lista de abogados y periodistas peruanos que recibieron pagos por asesorías a Odebrecht, los que estaban registrados con nombres en código y procedían de fondos de la “caja 2” (de pagos ilegales), según el portal.
Después de Brasil, Perú ha sido el país más sacudido por el escándalo de Odebrecht, donde cuatro expresidentes han sido involucrados.
Las investigaciones de la fiscalía condujeron a la renuncia de Kuczynski (2016-2018), ahora en prisión domiciliaria, y al suicidio de Alan García (1985-1990 y 2006-2011) en abril pasado para evitar ser detenido.
Alejandro Toledo (2001-2006) enfrenta un pedido de extradición desde Estados Unidos, donde permanece detenido.
Por su lado, Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, quienes cumplieron nueve meses de prisión preventiva, deben ser llevados a juicio oral este año.