La bancada de diputados del Partido Comunista hizo esta solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se otorgue una medida cautelar en beneficio de los menores entre los 14 y 18 años, y que ordene al Estado de Chile abstenerse de utilizar este control preventivo de identidad.

Los parlamentarios indicaron que “no se están cumpliendo los estándares internacionales en la materia, así como tampoco las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos, por lo que existe un riesgo que tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones en el contexto de la realización de estos controles de identidad, actúen con discrecionalidad y cometan excesos que puedan vulnerar las garantías fundamentales, entre ellas, la vida de menores de edad”.

En el documento presentado por la bancada a la CIDH, se concluye que “existe una flagrante, evidente y completa violación a los Derechos Humanos en lo concerniente a la aplicación de los controles preventivos de identidad”.

Camila Vallejo, jefa de la bancada PC, insistió en la necesidad de proteger a la población con la medida cautelar, mientras se avanza en paralelo en lograr la derogación de esta ley en el parlamento.

“Creemos que estos dos caminos se pueden trabajar de manera paralela porque es urgente resolver cómo proteger a la población ante esta medida, esta herramienta que le permitió a Carabineros de Chile actuar a discrecionalidad, basados en el prejuicio y que finalmente, les permite más que garantizar seguridad a las personas, traer inseguridad, es persecución, es prácticamente detención por sospecha sin ningún tipo de garantía en materia de seguridad personal y libertad de las personas”, afirmó.

La legisladora agregó que “por eso consideramos que esto debe ser recogido por la Comisión Interamericana. Esperamos cuanto antes y también esperamos que en el Congreso el proyecto que busca derogar esta ley sea tramitado y votado cuanto antes”.

A su vez, la diputada Carmen Hertz sostuvo que esta medida se fundamenta en “la forma en que el control de identidad se implementa en los menores entre 14 y 18 años de facto, la forma en que carabineros lo hace y discrimina este instrumento está transgrediendo todas las normas del derecho internacional de los derechos humanos sobre libertad personal y seguridad de las personas”.

Hertz insistió en la responsabilidad de Carabineros en las “violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos”, principalmente durante el estallido social, “donde el control de identidad se realiza de forma arbitraria a menores de edad por su condición socio económica y política, sin perjuicio que la ley 20.931 debe derogarse y el Senado, rechazar la ampliación de edad propuesta por Sebastián Piñera”, sentenció.