El protocolo de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, especialmente el artículo 14 que apunta a rigidizar las desvinculaciones, que en sectores de oposición califican de “amarre” para la próxima administración de Kast, ha encendido las alarmas.
Según consignó Radio Cooperativa, el punto de conflicto radica en el artículo 14 del texto, el cual establece que la no renovación de contratos deberá realizarse mediante un “acto administrativo fundado”, prohibiendo que se utilice la sola mención a las “necesidades del servicio” como justificación formal.
El protocolo señala que los funcionarios con al menos dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación o renovación en condiciones distintas, agregando que la Contraloría solo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales.
Parlamentarios de Chile Vamos han interpretado como un intento de blindar a funcionarios actuales ante la llegada del gobierno del Presidente electo.
El diputado Frank Sauerbaum (RN) criticó que “el Gobierno solamente provisionó 600 millones de dólares y tiene un costo de 1.500 millones de dólares; por lo tanto, la gran pregunta es justamente de dónde vamos a sacar esta diferencia que no está provisionada en ninguna de las partidas de la Ley de Presupuestos”, consignó el medio citado.
“Le voy a proponer a mi bancada que votemos en contra de un reajuste que no está financiado”, indicó.
Flor Weisse, su par de la UDI, sostuvo que, “más allá del monto, se ha introducido un acuerdo en la ley de reajuste que a nosotros nos parece que es una forma de dejar amarrado en el Estado a activistas políticos, a personas que no han dado simplemente el ancho en lo que hoy día se requiere para la eficiencia y el buen uso de los recursos públicos y no vamos a aprobar esa indicación”.
El presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, en el Diario de Cooperativa, calificó la medida como un avance necesario para evitar despidos arbitrarios: “No es apernarse, sino reconocer la trayectoria de quienes tienen vocación pública”, argumentó, recordando las desvinculaciones masivas ocurridas en 2010.
