La senadora Paulina Núñez (RN) se sumó al llamado que hizo el alcalde de Colchane, Javier García Choque, al Gobierno para que impulse procesos judiciales de expulsión en contra de quienes ingresaron a Chile a través de pasos no autorizados, “de manera de enviar una señal clara y contundente para desincentivar el ingreso irregular a  nuestro país”.

La legisladora por Antofagasta adhirió así al emplazamiento que ya había hecho el jefe comunal al Presidente Gabriel Boric y el director nacional de migraciones, el que renovó tras el fallecimiento, el pasado lunes, de una persona adulta mayor de nacionalidad venezolana cuando cruzó hasta esa localidad nortina a través de un sitio no habilitado.

La jefa del Comité de Renovación Nacional pidió al Ejecutivo que reevalúe decretar un nuevo Estado de Excepción constitucional.  “Qué duda cabe que la muerte de esta persona, que intentó venir a buscar una mejor calidad de vida debería, debiera conmover al Gobierno y motivarlo a disponer de mayor protección, control y resguardo al menos en esta zona fronteriza”, sostuvo Núñez.

En la misma línea, subrayó la importancia de “reactivar el proyecto de infraestructura crítica para poner en marcha un resguardo urgente y necesario de la frontera que, además, contribuirá a evitar más muertes en estas condiciones, pues las personas comprenderán que sólo pueden entrar a nuestro país de manera legal”.

La senadora agregó que “hace días el Gobierno encabezó el lanzamiento de la formulación de la Política Nacional de Migración y Extranjería, ceremonia a la que fui invitada y me parece muy relevante, sin embargo mientras ese trabajo no avance y se materialice en una política de Estado, es legítimo replantear la posibilidad de instalar un estado de excepción constitucional de emergencia en la frontera norte, donde la situación está descontrolada y muy compleja.”

Finalmente, también cuestionó que esta crisis humanitaria se aborde de una manera parcial, considerando que se estima que desde marzo se han destinado unos 2 mil millones de pesos para la habilitación de albergues de estadías transitorias para migrantes de la zona norte, sin destinar recursos para seguridad ciudadana ni para la recuperación de espacios públicos que se han visto afectados por el flujo de personas que han ingresado de manera irregular.