La exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, pidió a la Contraloría General de la República (CGR) “reconsiderar” el dictamen, donde se determinó que “se excedió en sus atribuciones”. Esto al emitir un oficio reservado apenas dos días después de asumir el cargo y que finalizó con el llamado a retiro de la prefecta Consuelo Peña.
Según consignó Emol, a través de un escrito, Steinert afirmó que el dictamen “invade la esfera del mérito” de una decisión política o administrativa. Además, aseguró que el organismo realizó un juicio “del acto” y no sobre su “necesidad, oportunidad o intensidad”.
Como ministra tenía facultad para requerir antecedentes
Añadió que como ministra tenía facultad para requerir antecedentes aún cuando estos tengan “carácter de secretos o reservados”.
“La entrega reservada de información, por conducto regular, desde el Director General de la institución policial al despacho de la Ministra de la cual esa institución depende por mandato (…) no constituye divulgación en ningún sentido jurídicamente plausible del término”, indicó.
Steinert sostuvo que el dictamen no establece “la existencia de un interés -personal, patrimonial o de las personas vinculadas que la ley señala- capaz de restar imparcialidad a la decisión. El dictamen no individualiza cuál sería ese interés”.
Junto con ello, dijo que la resolución establece “un juicio nominativo de reproche sobre la conducta personal de una exautoridad que había cesado en el cargo el 19 de mayo de 2026. Más de un mes antes de su emisión”.
Añadió que al no ser parte de la administración, “del pronunciamiento no puede seguirse sumario, medida correctiva ni efecto administrativo alguno”.
Steinert cuestionó que el caso surgiera de una “divulgación ilícita de un documento reservado”. Mencionó que nunca se dio cuenta de cómo se filtró el escrito ni cómo llegó a conocimiento de la entidad.
Acusó por parte de Contraloría una “omisión de notificar el dictamen a la única persona a quien reprocha”
La exministra acusó por parte de Contraloría una “omisión de notificar el dictamen a la única persona a quien reprocha”. Lo que configura “indefensión”. Y recalcó que “resulta difícilmente conciliable con esas garantías que un pronunciamiento llamado a servir de pieza de cargo contra una persona se comunique a los denunciantes, a la Fiscalía Nacional y a la institución policial, y no a la persona reprochada”.
Steinert pidió “dejar sin efecto” la conclusión del dictamen y que se declare que el Oficio Reservado N° 28 “se enmarcó en las atribuciones” que la ley confiere al Ministerio de Seguridad Pública, además de que “no concurrió a su respecto infracción al deber de abstención”.
