La Corte Suprema confirmó la condena impuesta por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las empresas Inaer Helicopter S.A. (Inaer) y Pegasus South América Servicios Integrales de Aviación SpA (Faasa) y a sus ejecutivos Ricardo Pacheco y Rodrigo Lizasoaín por haber ejecutado un acuerdo entre 2006 y 2013 para afectar procesos de licitación públicas y privadas en el mercado chileno de combate de incendios forestales mediante helicópteros.

La sentencia de la Tercera Sala del máximo tribunal ratificó lo señalado por el TDLC, confirmando que el acuerdo único se materializó en cinco procesos de contratación: tres de Conaf entre 2006 y 2011, donde hubo reparto geográfico de las bases licitadas, y dos procesos privados en 2012 y 2013 con forestales Mininco S.A. y Masisa S.A.

Por estos hechos, Faasa e Inaer deberán pagar multas por un total de 7.000 UTA (aproximadamente $5.652 millones). De este monto, Faasa pagará 4.400 UTA ($3.553 millones) e Inaer 2.600 UTA ($2.099 millones). Además, los ejecutivos pagarán 60 UTA cada uno ($48 millones).

La Corte Suprema destacó que este caso afectó un mercado clave para la seguridad del país, dado el impacto en la extinción de incendios forestales y el riesgo para la vida y propiedad de las personas, constituyendo una grave violación a la libre competencia, especialmente por tratarse de empresas con alta participación en el mercado.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

En un segundo fallo, la Corte Suprema revocó la Sentencia N°187/23 del TDLC, acogiendo el recurso de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y condenando a Calquín Helicopters SpA, Faasa y sus ejecutivos Pacheco y Lizasoaín por afectar la licitación de Conaf en 2014.

El máximo tribunal confirmó la existencia de un acuerdo entre ambas empresas y la participación de sus máximos ejecutivos, señalando que la sanción impuesta a Faasa, Pacheco y Lizasoaín en la primera sentencia ya era suficiente por la continuidad en su conducta ilícita.

Sin embargo, Calquín, que no operaba en el mercado en la primera sanción, fue condenada a pagar una multa de 980 UTA ($791 millones) por su participación en el segundo acuerdo.

Con estas sentencias, que imponen un pago total de $6.540 millones (casi 7 millones de dólares) al fisco, se cierran las causas vinculadas al mercado de combate de incendios forestales, iniciadas en 2018 por la FNE con la acusación contra Faasa y Martínez Ridao por un acuerdo ilegal con aviones cisterna (2009-2015), extendiéndose luego al segmento de helicópteros.

El fiscal nacional económico (s), Felipe Cerda Becker, valoró las condenas, destacando que se logró sancionar todas las aristas investigadas en el mercado de extinción de incendios forestales, afectando tanto a empresas privadas como al erario público a través de Conaf. Asimismo, resaltó que la decisión de la Corte Suprema refuerza la persecución de carteles y envía un mensaje claro: no solo las empresas, sino también sus ejecutivos, deben responder por estos ilícitos.