Como “ilegal” declaró el Tribunal de Contratación Pública (TCP) la licitación de cámaras corporales para Carabineros llevada a efecto por la Subsecretaría de Prevención del Delito en 2021, cuando Katherine Martorell se desempeñaba como titular en el cargo.

La licitación favoreció a la firma Motorola por un monto de 378 millones de pesos, pese a que el equipamiento no cumplía con la función de pre y post grabado de 120 segundos respectivamente. Es decir, una vez que fuera activada al inicio de un procedimiento policial registrara los dos minutos precedentes y, una vez apagada, lo hiciera por la misma cantidad de tiempo, lo que permitía contar con un registro proclive a ser utilizado como medio probatorio ante los tribunales.

La resolución fue dictada la semana pasada, según T13, cerrando así el caso presentado por la compañía Pegasus, que alegó haber sido “discriminada” en el proceso pese a que cumplía con las bases a un precio ostensiblemente menor. La resolución estableció que Motorola ni siquiera debió participar en la evaluación por parte de la Comisión Revisora de la SPD, lo que demuestra un incumplimiento de las bases.

No obstante todo lo anterior, el tribunal reconoció que la empresa ganadora corrigió la deficiencia que presentaba su equipamiento, lo que evitó un perjuicio para las arcas fiscales pese a que la acción tendiente a subsanar tal deficiencia técnica retrasó la implementación del recurso. El fallo no hace referencia a multas.

Sin embargo, esta investigación nada tiene que ver con una querella de Pegasus en contra de Martorell y la Comisión Evaluadora en vista de las anomalías que, según la querellante, se hicieron manifiestas en la respuesta que dio la SPD a una solicitud de revocación presentada por la empresa. La más grave dice relación con una mentira, pues los requeridos habrían creado la documentación que avalaba la incorporación de la función de pre y postgrabado una vez que Motorola se adjudicó la licitación.

Esta acusación aún no ha sido acreditada por el Ministerio Público, que se encuentra a la espera de que la Brigada de Lavado de Activos de la PDI (Brilac) entregue los resultados de su investigación a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad.

El proceso además fuer cuestionado abiertamente por Contraloría, entidad que cuestionó una serie de anomalías que derivaron en un sumario administrativo.