Pasadas las 10 horas de este jueves, la Sala de la Cámara de Diputados dio inicio a la revisión de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa, luego de que este miércoles la comisión revisora del libelo rechazara el documento presentado por parte de la oposición.

Figueroa solicitó al comienzo de la sesión a la mesa del organismo no utilizar la cuestión previa, comentado que “solicito que el abogado Jorge Gálvez, que me acompaña, puede hacerse cargo de mi defensa derechamente sobre el fondo de la acusación”, petición visada por el vicepresidente Francisco Undurraga (Evópoli).

Posteriormente, se dio paso a las palabras y argumentación de la acusación a la diputada Camila Rojas (Comunes), quien fue la principal gestora del trámite, debido al rol que ha cumplido Figueroa al mando del Mineduc durante la pandemia del Covid-19.

La parlamentaria recordó que “tras semanas de solicitudes desde las comunidades educativas, tras solicitudes desde las autoridades municipales, el ministro de Educación, don Raúl Figueroa, anunció a mediados de marzo de 2020 la suspensión de las clases presenciales por dos semanas a todos los establecimientos educacionales”.

“Si bien desde entonces como país hemos enfrentado ante un escenario de aguda inseguridad sanitaria y económica, producido por la pandemia del Covid-19, el sistema educativo ha constituido muchas veces una fuente de incertidumbre en momento de agobio para las familias, las y los trabajadores de la educación y en general para las comunidades educativas”, añadió.

Es por ello que Rojas acusó al titular de la cartera por una “resistencia constante” que marcó la relación entre el Ministerio y las comunidades, donde “incluso fue pública la molestia del Gobierno con muchos alcaldes oficialistas, varios de ellos a la vez sostenedores, que presionaron la decisión del cierre de las escuelas ante la inercia de las autoridades ministeriales frente a la amenaza del Covid-19”.

El texto presentado cuenta con tres capítulos, donde se le cuestiona a Figueroa una eventual infracción a la Constitución y leyes relacionadas a la regulación y financiamiento del sistema educativo, vulnerando también a trabajadores de la educación y por amenazas a la integridad física y psíquica por la pandemia.

En tanto, al no convocar la cuestión previa por parte de Figueroa, se dio paso directamente a la revisión de la acusación constitucional, que en caso de ser aprobada, quedará suspendido del cargo mientras el Senado la revisa para cerrar el trámite.