La nueva alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet, aceptó reunirse con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, que debe pronunciar el martes un discurso en Ginebra.
“Venezuela pidió una reunión” con Bachelet y “la alta comisionada se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores”, declaró a la AFP una portavoz de su oficina, Ravina Shamdasani.
Arreaza hablará el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como ya hizo el año pasado.
En septiembre de 2017, el que entonces era alto comisionado, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió sin éxito una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Venezuela, considerando que se podría tratar de crímenes de lesa humanidad.
Bachelet hizo este lunes su primer discurso frente al Consejo Derechos Humanos, que celebra su 39ª sesión entre el 10 y el 28 de septiembre.
El discurso, del que una copia fue transmitida previamente a los medios, contenía párrafos sobre Venezuela pero que finalmente Bachelet no pronunció antes los diplomáticos.
“Cuando se abre esta sesión, el creciente número de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestra una vez más la necesidad de defender constantemente los derechos humanos”, indica el texto de su discurso.
“Es urgente ayudar a los Estados de acogida a resolver los numerosos problemas que provocan estos movimientos”, añade.
“Pero también es fundamental abordar las razones por las cuales la gente se va” del país, afirma Bachelet, y pide al Consejo que tome “todas las medidas disponibles para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos” en Venezuela y Nicaragua.
En el texto de su discurso, Bachelet indica también que desde la publicación en junio del informe del alto comisionado, la instancia “continuó recibiendo información sobre violaciones de los derechos económicos y sociales, como los casos de muertes relacionadas con la malnutrición o las enfermedades que se pueden evitar, así como las violaciones de los derechos civiles y políticos”.
A su vez subraya que el gobierno de Venezuela “no ha hecho prueba de apertura” para poner en marcha “auténticas medidas” de cara a juzgar las responsables de la violencia “durante las manifestaciones de 2017”.
En su primera intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet “exhortó al Consejo a adoptar una resolución y someter el tema a la Asamblea General para que lo apruebe, a fin de que se pueda establecer ese mecanismo”, como en el caso de Siria.
Bachelet explicó que ese mecanismo “completaría y apoyaría” el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI), que el jueves se declaró competente para investigar la deportación de la minoría musulmana rohinyá y que podría constituir un crimen de lesa humanidad.
“Se trata de una etapa extremadamente importante para poner fin a la impunidad y hacer frente al enorme sufrimiento del pueblo rohinyá”, afirmó la expresidenta chilena.
En 2017, más de 700.000 musulmanes rohinyás huyeron de Birmania, un país mayoritariamente budista, tras una ofensiva del ejército en represalia por los ataques de los rebeldes rohinyás contra puestos fronterizos.
Perseguidos por las fuerzas armadas birmanas y las milicias budistas, los miembros de la minoría musulmana se refugiaron en grandes campamentos improvisados en Bangladés.
A petición del Consejo de Derechos Humanos, un grupo de investigadores de la ONU pidió en agosto que la justicia internacional entable acciones contra el jefe del ejército birmano y otros cinco altos responsables militares por “genocidio”, “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra” contra los musulmanes rohinyás, acusaciones que Birmania rechaza.
También denunció el tratamiento de la minoría uigur en China, apuntando a “preocupantes alegaciones de detenciones arbitrarias a gran escala de uigures y otras comunidades musulmanas en los llamados campos de reeducación de Xinjiang”.
Además también denunció la actitud de los países occidentales con la migración.
“Levantar muros (…) separar y detener a familias y cortar los programas de integración, estas políticas no ofrecen soluciones a largo plazo para nadie, solo hostilidad, miseria, sufrimiento y caos”, aseguró.
“Venezuela pidió una reunión” con Bachelet y “la alta comisionada se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores”, declaró a la AFP una portavoz de su oficina, Ravina Shamdasani.
Arreaza hablará el martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como ya hizo el año pasado.
En septiembre de 2017, el que entonces era alto comisionado, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió sin éxito una investigación internacional sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Venezuela, considerando que se podría tratar de crímenes de lesa humanidad.
Bachelet hizo este lunes su primer discurso frente al Consejo Derechos Humanos, que celebra su 39ª sesión entre el 10 y el 28 de septiembre.
El discurso, del que una copia fue transmitida previamente a los medios, contenía párrafos sobre Venezuela pero que finalmente Bachelet no pronunció antes los diplomáticos.
“Cuando se abre esta sesión, el creciente número de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua demuestra una vez más la necesidad de defender constantemente los derechos humanos”, indica el texto de su discurso.
“Es urgente ayudar a los Estados de acogida a resolver los numerosos problemas que provocan estos movimientos”, añade.
“Pero también es fundamental abordar las razones por las cuales la gente se va” del país, afirma Bachelet, y pide al Consejo que tome “todas las medidas disponibles para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos” en Venezuela y Nicaragua.
En el texto de su discurso, Bachelet indica también que desde la publicación en junio del informe del alto comisionado, la instancia “continuó recibiendo información sobre violaciones de los derechos económicos y sociales, como los casos de muertes relacionadas con la malnutrición o las enfermedades que se pueden evitar, así como las violaciones de los derechos civiles y políticos”.
A su vez subraya que el gobierno de Venezuela “no ha hecho prueba de apertura” para poner en marcha “auténticas medidas” de cara a juzgar las responsables de la violencia “durante las manifestaciones de 2017”.
NO DESCARTA ACCIONES JUDICIALES POR CRÍMENES EN BIRMANIA
Bachelet, además, urgió crear una instancia internacional encargada de reunir “pruebas” sobre los crímenes más graves cometidos en Birmania contra la minoría musulmana rohinyá para “acelerar la celebración de juicios”.En su primera intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet “exhortó al Consejo a adoptar una resolución y someter el tema a la Asamblea General para que lo apruebe, a fin de que se pueda establecer ese mecanismo”, como en el caso de Siria.
Bachelet explicó que ese mecanismo “completaría y apoyaría” el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI), que el jueves se declaró competente para investigar la deportación de la minoría musulmana rohinyá y que podría constituir un crimen de lesa humanidad.
“Se trata de una etapa extremadamente importante para poner fin a la impunidad y hacer frente al enorme sufrimiento del pueblo rohinyá”, afirmó la expresidenta chilena.
En 2017, más de 700.000 musulmanes rohinyás huyeron de Birmania, un país mayoritariamente budista, tras una ofensiva del ejército en represalia por los ataques de los rebeldes rohinyás contra puestos fronterizos.
Perseguidos por las fuerzas armadas birmanas y las milicias budistas, los miembros de la minoría musulmana se refugiaron en grandes campamentos improvisados en Bangladés.
A petición del Consejo de Derechos Humanos, un grupo de investigadores de la ONU pidió en agosto que la justicia internacional entable acciones contra el jefe del ejército birmano y otros cinco altos responsables militares por “genocidio”, “crímenes de lesa humanidad” y “crímenes de guerra” contra los musulmanes rohinyás, acusaciones que Birmania rechaza.
También denunció el tratamiento de la minoría uigur en China, apuntando a “preocupantes alegaciones de detenciones arbitrarias a gran escala de uigures y otras comunidades musulmanas en los llamados campos de reeducación de Xinjiang”.
Además también denunció la actitud de los países occidentales con la migración.
“Levantar muros (…) separar y detener a familias y cortar los programas de integración, estas políticas no ofrecen soluciones a largo plazo para nadie, solo hostilidad, miseria, sufrimiento y caos”, aseguró.
