“Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional -conocidas como FAES- en algunos barrios del país”, aseveró este lunes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
La representante de entidad denunció así la existencia de ese tipo de casos en Venezuela desde que visitó esa nación en abril pasado, a las que se suman, dijo, “torturas y malos tratos” a ciudadanos detenidos.
En su discurso inaugural de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, la delegada presentó nuevo informe sobre la situación de violencia que vive la nación caribeña bajo el gobierno Nicolás Maduro.
“Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental ‘Monitor de Víctimas’ identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas”, precisó la exmandataria chilena.
Bachelet puntualizó además que su oficina documentó “casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares”.
En contraposición a estas denuncias, la alta comisionada dijo que el régimen de Maduro cumplió con “la excarcelación de 83 personas”, entre ellas “aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria”.
El primer informe de la entidad que supervisa si los gobiernos cumplen con el respeto a las garantías fundamentales de sus pueblos, fue presentado el 5 de julio pasado, en el que Bachelet denunció la “erosión del Estado de derecho” en Venezuela, advirtiendo también que las sanciones internacionales agravaban la crisis en el país.
“La situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región”, reiteró este lunes la gobernante, precisando que la economía “atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado” América Latina.
Asimismo, la alta comisionada deploró “las recientes acciones” con vistas a aprobar una ley que “tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero”.
“Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático”, advirtió la representante de la ONU.
Por último, insistió en que las sanciones del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump contra el gobierno de Maduro contribuyen a “agravar la situación humanitaria” del país.
Venezuela vive la peor crisis en la historia reciente, reflejada en hiperinflación, el desplome de su vital producción de crudo y el éxodo de 3,6 millones de personas desde principios de 2016.