Una mujer y un hombre chilenos fueron detenidos por su presunta participación en el delito de venta ilegal de explosivos en la ciudad de Calama, Región de Antofagasta. Según los antecedentes, la comercialización se realizaba a través de la red social Instagram.
El hecho fue descubierto gracias a una investigación conjunta de la Fiscalía de Calama y Carabineros del OS7 El Loa, recogió El Diario de Antofagasta.
Durante la audiencia de formalización, se explicó que la indagatoria comenzó cuando personal policial tomó conocimiento de que desconocidos estarían vendiendo emulsiones de dinamita por $400 mil, lo que llevó a iniciar diversas diligencias para comprobar la información y detener a los responsables.
A través de técnicas investigativas especiales, se logró identificar a los involucrados y detenerlos mientras se desplazaban en un vehículo, en cuyo interior transportaban una caja con dos emulsiones marca Emulnor 3000 y dos mechas lentas.
Tras este operativo, se realizó una orden de entrada, registro e incautación en un domicilio de Calama, donde se hallaron aceleradores, detonadores, municiones, emulsiones Emulnor 3000 adicionales, mechas lentas y dinero en efectivo.
Los detenidos fueron formalizados por los delitos de transporte o almacenamiento ilegal de explosivos, tenencia ilegal de partes de arma de fuego y tenencia ilegal de municiones. Por solicitud del Ministerio Público, ambos quedaron en prisión preventiva.
Alta peligrosidad
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, señaló que la detención de los imputados fue resultado de un trabajo anticipado, que permitió conocer sus planes y obtener las órdenes judiciales necesarias para su captura.
El persecutor destacó que los elementos incautados son altamente peligrosos y que, según los análisis, estaban en condiciones de ser utilizados.
En ese sentido, subrayó que la acción policial evitó que los explosivos fueran empleados en delitos o actividades ilícitas.
“Ahora lo que resta es determinar la procedencia de estos elementos y por qué estaban en manos de estas personas, que es una cuestión esencial atendida la peligrosidad que encierra su manipulación y uso”, señaló.
Finalmente, el Juzgado de Garantía de Calama estableció un plazo de investigación de 120 días, periodo en el que continuarán las diligencias en torno al caso.
