La Fiscalía del Biobío abordó la condena de ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en el marco del Caso Crudo Iraní, que tiene relación con emergencia ambiental ocurrida en las regiones del Biobío y Valparaíso en 2018.

Este martes el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción realizó la lectura de sentencia para los involucrados Edmundo Piraíno, Juan Pablo Rhodes Valenzuela y Carlos Lizana Guerrero como autores del delito de importación sin autorización de residuos peligrosos.

Los tres fueron llevados a juicio por su responsabilidad en los hechos ocurridos el 20 de agosto de 2018 en Quintero-Puchuncaví, donde el hospital colapsó producto de episodios de intoxicación.

De acuerdo al fallo dictado, se decretó la pena de 50 días de prisión en su grado máximo y la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena para los imputados y la magistrada señaló que “se les remite condicionalmente la pena privativa de libertad impuesta, debiendo quedar sujetos al control de gendarmería de Chile por el término de un año”.

Al respecto, la fiscal Ana María Aldana sostuvo que “como Fiscalía de Chile estamos muy satisfechos por haber logrado la condena contra los tres acusados”.

“Nuestro objetivo siempre fue el lograr aclarar un hecho que había afectado gravemente a una comunidad”, agregó.

En esta línea, la persecutora manifestó que “esto es un hito dentro de lo que son las investigaciones medioambientales, que no habían llegado antes hasta esta etapa”.

“Dentro de las obligaciones que como fiscales tenemos está el trabajar de la mejor forma para poder proteger a las víctimas y en ese sentido, eso cobra una dimensión mayor cuando son muchas las víctimas afectadas. En este caso fueron cientos de personas de la comunidad de Quintero y Puchuncaví que se vieron afectadas por una serie de olores los días en que ocurrieron los hechos”, comentó la fiscal.

Según la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ENAP adquirió crudo -petróleo sin refinar- iraní sin tomar los resguardos y precauciones necesarias, lo que provocó la emanación de estos gases nocivos para la salud humana durante el traslado del combustible a las comunas puerto donde la estatal tiene sus refinerías.