El excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, se refirió escuetamente al fallo absolutorio dictado por la justicia en la causa por lavado de activos que pesaba en su contra, en relación a hechos ocurridos durante su gestión al mando de la institución castrense.

“Se ha restablecido el imperio del derecho que de alguna manera se encontraba seriamente lesionado por el órgano persecutor, el fiscal Morales, fundamentalmente”, dijo Fuente-Alba rodeado de periodistas al salir del tribunal que lo eximió de culpa y de consiguiente responsabilidad penal frente a los hechos investigados.

Su abogado defensor, Miguel Chaves, dijo por su parte que “estamos muy satisfechos con lo que ha hecho el tribunal”.

“Creemos que efectivamente el condicionamiento que fue expresado por el tribunal fue un condicionamiento que está vinculado a la demostración de que hubo una conformación patrimonial que no tiene nada que ver con la imputación que se hizo”, agregó.

FALLO UNÁNIME

En fallo unánime, el Cuarto Tribunal Oral Penal de Santiago emitió esta jornada veredicto absolutorio del excomandante en jefe del Ejército (2010-2014), general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa Anita María Pinochet, acusados de lavado de activos y malversación de caudales públicos por 2.900 millones de pesos.

El veredicto fue leído por la jueza Carolina Escandón, quien dijo que los jueces no llegaron al convencimiento de que se cometieron delitos, a pesar de los múltiples antecedentes que entregó la Fiscalía, entre ellos declaraciones de altos oficiales procesados en el caso fraude al fisco en el Ejército.

En lo fundamental, los jueces no dieron por acreditado que el general (r) Fuente-Alba y su esposa, entre 2010 y 2016, hayan procedido a lavar activos procedentes del fraude al fisco con los gastos reservados del Ejército.

Para ello, según la Fiscalía abrieron cuentas corrientes en los que depositaron los dineros desviados para sus fines personales. Sin embargo, el tribunal señaló que sólo se llegó a la mera sospecha de ilícitos, pero no de delitos consumados.

El juicio comenzó el 22 junio de 2023. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte pedía 15 años de cárcel en su contra y 10 años para su cónyuge. Ahora deberá defenderse de no ser condenada en costas, al igual que el Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa, en la audiencia de lectura de sentencia del próximo 5 de agosto.