La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) no podrá continuar como querellante en la causa por presuntas lesiones a un manifestante ocurridas tras el estallido social y que el Ministerio Público lleva adelante contra el coronel de Carabineros Eduardo Witt.

El Séptima Sala del Tribunal de Alzada ratificó la decisión del fallo que dictó el 13° Juzgado de Garantía de Santiago el pasado 7 de diciembre, argumentando que el organismo no tiene legitimación activa para intervenir en la indagatoria y que solo puede hacerlo en casos que tengan relación con delitos de lesa humanidad.

“Esta investigación separa absolutamente lo que es una situación de orden público respecto a una situación de lesa humanidad, eso quedó muy claro, como también quedó muy claro que, ante esas circunstancias, la participación como querellante del INDH es contraria a su ley orgánica”, detalló al respecto el defensor Jorge Martínez.

En esa línea, recalcó que “desde el primer momento hemos sostenido con mucha fuerza que el INDH no tiene legitimación activa, es decir, no puede ser parte ni tampoco puede representar a personas, porque no tiene esa facultad legal”.

“En las 3 mil querellas que están a lo largo de Chile, claramente el INDH ha torcido el sentido de la ley, y poco a poco las Cortes -especialmente en Santiago- han dado el sentido correcto que tiene la norma de competencia de dicho instituto. No hay ningún organismo estatal que pueda actuar fuera de una atribución legal, porque eso viola el principio de legalidad que establece la Constitución Política, y nos parece muy bien que los tribunales estén ordenando la cancha”, añadió el abogado.

Witt es investigado penalmente por su presunta actuación contra un conductor en Peñalolén, a quien el día 20 de octubre de 2019 disparó a los pies con su escopeta antidisturbios, cuando este se resistió a ser fiscalizado en su automóvil, que pasaba por un escenario de desórdenes públicos enmarcados en el estallido social.

Por estos hechos, la fiscalía solicitó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional durante los 100 días de investigación decretados por el tribunal, precautorias que fueron aceptadas por la defensa.

“Lo que aquí se está investigando y tratando de establecer es la existencia de lesiones que supuestamente habrían sufrido personas que estaban saqueando en avenida Los Presidentes el día 20 de octubre del año 2019”, concluyó Martínez.