El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, presentó sus reparos a la tramitación del cuarto retiro a los fondos previsionales, iniciativa que empezará a ser discutida en el Senado tras ser recientemente aprobada en la Cámara de Diputados.

Sutil cuestionó especialmente el nuevo retiro a las rentas vitalicias, advirtiendo que “significa quebrar las reglas del juego para las inversiones, para el emprendimiento, para el desarrollo y especialmente para el cumplimiento de las obligaciones que tiene Chile con los inversionistas extranjeros, en el cual no se va a atentar contra el derecho a la propiedad”.

El líder empresarial remarcó que “se atenta directamente contra la integridad de las personas que tienen estos contratos de renta vitalicia, de las personas que ya mencioné que son más de 7 millones que están en el sistema. Atenta contra el sistema general de la industria de los seguros, porque se lleva más de la mitad del patrimonio y pone en riesgo la estabilidad, e incluso pone en riesgo hasta la quiebra de algunas compañías”.

Las declaraciones se enmarcan en el emplazamiento que hizo el American Council of Life Insurers -gremio de aseguradoras de Estados Unidos- al Congreso de nuestro país para que se oponga al proyecto. Incluso, las compañías norteamericanas solicitaron al Gobierno del presidente Joe Biden llevar el caso al G20 y al Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).

En esa línea, Sutil hizo un llamado “a reconsiderar esto, ya que este proyecto va al Senado, para que los senadores y senadoras puedan considerar que esto es muy malo para Chile, para la estabilidad de la economía y la estabilidad del futuro”.

“Me pregunto si llegáramos a aprobar una ley como ésta, si algún inversionista extranjero volvería a invertir en Chile, porque esto quiebra las reglas del juego. Esto ni siquiera se podría considerar una expropiación, esto significa un despojo absoluto a las reglas del juego”, añadió.

Además, el timonel de la CPC aseguró que no ha hecho ningún retiro a los fondos previsionales: “Cuando estamos hablando del retiro de las pensiones, estamos hablando de que se aprueba una situación en la cual las personas libremente pueden o no retirar sus propias pensiones. Yo no he retirado en ninguno de los retiros de pensiones, mi legítimo derecho a hacerlo. Se está legislando una mala política pública, pero no se está alterando el legítimo derecho a elegir si hacerlo o no”.

En esa línea, enfatizó su crítica al retro de las rentas vitalicia, indicando que “se vulnera, se salta la fila y se destruye la institucionalidad con la que se ha generado la confianza de 650 mil personas pensionadas en las compañías de seguros de vida, más 7 millones de personas que contratan libremente un seguro para tener una mejor jubilación, o para tener un seguro de vida que sea un beneficio para sus hijos o cónyuge, o quien determine. Este proyecto vulnera completamente los derechos de propiedad de esas personas que han confiado en las compañías de seguros y viola también el derecho a propiedad de aquellas personas que confiaron en Chile”.

“Esa es la gravedad de este asunto. Dado estas circunstancias y el error que comete la Cámara de Diputados de aprobar esta propuesta de ley, hacemos un llamado a volver a recuperar la institucionalidad. Hacemos un llamado a los senadores a corregir esto, que simplemente generaría una debacle y puede poner en riesgo la estabilidad de la industria de los seguros, y pone en riesgo la seriedad de Chile como país que respeta la institucionalidad, las leyes, porque aquí se está metiendo en un lugar donde no son las personas las que toman las decisiones, se les está imponiendo a las compañías”, sentenció.

DICHOS DE JORGE CLAUDE

Sutil entregó las declaraciones acompañado del vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores, Jorge Claude, quien advirtió que el cuarto retiro podría poner en riesgo el pago de pensiones a los asegurados por rentas vitalicias.

Claude explicó que los afiliados a este sistema “no tienen una cuenta individual en la compañía de seguros” ya que “han transferido sus recursos para que la compañía pueda hacer frente al pago de la pensión”.

“Al imponerse esta obligación unilateral por parte del Parlamento, de que las compañías tengan que desembolsar del orden de US$3.500 millones para hacer un adelanto que no se va a recuperar en el tiempo, es muy difícil de aplicar y pone en riesgo la estabilidad de las compañías, y pone en riesgo el pago de las pensiones de las personas que han confiado en las compañías de seguros y que han depositado sus esperanzas de que puedan recibir una cierta cantidad de UF mientras vivan”, sentenció.