Con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó Karina Oliva tras ser formalizada por el delito de fraude de subvenciones.

La excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana y otros 11 exmilitantes del Partido Comunes asistieron a la audiencia de formalización de cargos en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que el Ministerio Público constatara inconsistencias en la rendición de gastos en la campaña de Oliva por más de $290 millones.

Según la fiscalía, el fraude suma $293.093.681 y se ejecutó tras ocultar, abultar y disfrazar gastos electorales para solicitar al Servicio Electoral (Servel) devoluciones improcedentes que perjudicaron al Fisco.

Analizados los antecedentes aportados por la fiscalía, el tribunal decretó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Oliva.

“Al fin, después de dos años de una investigación por parte de la Fiscalía, nosotros pudimos concurrir para que nos dijeran cuáles son los cargos que se nos imputan”, dijo Oliva tras salir del tribunal.

“Vamos a poder demostrar que cada una de las cosas que se nos han querido imputar no son ciertas, son algunas imprecisas, hay evidente confusión en roles, pero eso va a ser materia de todo este proceso que vamos a ir dando a conocer al fiscal y a la opinión pública”, agregó, enfatizando que las observaciones a su rendición de cuentas por la campaña a gobernadora respondían a actuaciones del administrador de campaña y no a ella.

“Esperamos se pueda esclarecer la verdad y dejar las confusiones que se han dado durante todo este tiempo (…) nos allanamos a todo lo que diga el juez para que de aquí en adelante podamos demostrar nuestra inocencia”, sostuvo la imputada.

La excandidata a gobernadora aludió a una “persecución política” en su contra y no descartó volver a la política con alguna candidatura. “Sé que me extrañan”, respondió cuando fue consultada sobre el punto. “Veremos qué se hace más adelante (…) uno nunca descarta nada”, concluyó.

Otros imputados quedaron con cautelares de firma y arraigo, mientras que el tribunal aún discute la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público para el administrador de la campaña Martín Miranda.

El tribunal fijó en 100 días el período de investigación.