El Juzgado de Garantía de Valparaíso resolvió este martes mantener en prisión preventiva a uno de los últimos detenidos por su presunta responsabilidad en el megaincendio del 2 de febrero en Viña del Mar y Quilpué, Región de Valparaíso. Esta medida cautelar fue confirmada pese a las apelaciones de la defensa.

La resolución se dictó tras la solicitud de la defensa de realizar una audiencia de cautela de garantías, con el objetivo de revisar si en el procedimiento penal se han vulnerado derechos fundamentales del imputado, quien padece una enfermedad crónica, recogió Radio Biobío.

El detenido enfrenta a la justicia por el siniestro que costó la vida de 139 personas y alegaba problemas de salud para eludir la prisión preventiva. Este argumento no logró modificar la decisión del tribunal.

El imputado fue capitán de la 13ª Compañía de Bomberos de Placilla de Peñuelas, cargo desde el cual participó en las labores de combate al fuego durante la tragedia.

El Ministerio Público formalizó la investigación por el delito de incendio con resultado de muerte y lesiones, solicitando expresamente la prisión preventiva, la cual fue decretada el pasado 23 de mayo.

Según su defensa, el procesado sufre una enfermedad renal crónica en etapa terminal que lo obliga a someterse a hemodiálisis tres veces por semana; esta condición ya había sido invocada para cuestionar la legalidad de su encierro.

No obstante, tanto el juez de Garantía como la Corte de Apelaciones de Valparaíso descartaron que su estado de salud sea motivo suficiente para sustituir la medida cautelar, instando a Gendarmería a adoptar todas las medidas necesarias para proteger su integridad física y psíquica.

Tras la audiencia del martes 10 de junio, la propia defensa decidió no presentar nuevas peticiones, dado que el detenido se mantiene en buenas condiciones de salud y continúa recibiendo su tratamiento mientras cumple la prisión preventiva.

El abogado Jorge Valenzuela sostuvo: “Estamos ante una situación gravísima. Esto es un hecho delictual sin precedentes que ha terminado con un centenar de vidas, con un centenar de propiedades y sueños que van consigo”.

Valenzuela agregó que “no podemos permitir que porque exista una situación de salud determinada, se pretenda revocar dicha medida cautelar, porque tenemos que tener un principio bien claro: acá todos somos iguales ante la ley”, y recalcó que, en caso de requerir atención médica adicional, a Gendarmería le corresponderá proporcionársela.

Romina Leiva, vecina que perdió familiares en la tragedia, manifestó: “La solicitud que presentó la defensa, haciendo referencia al estado de salud de este criminal, me parece una falta de respeto”, y exigió que la investigación siga avanzando hasta que caigan todos los responsables.

Claudia Garrido, también víctima del siniestro, expresó su indignación: “Sólo al estar ahí y escuchar la petición, lo encontré injusto para todos los fallecidos y sus familiares. Él cuenta con vida, respira aún. Nuestros familiares no”, y cerró con el lema “Justicia 2 de febrero 2024”.