El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) presentó un plan antievasión después de reportar que el no pago del pasaje de los buses RED llegó al 40,2% en el primer semestre de 2022.

El plan diseñado por el Gobierno contiene cinco lineamientos. El primero consiste en aumentar la fiscalización, aumentando la presencia de inspectores y Carabineros en las calles para multar a quienes no hayan pagado la tarifa.

Asimismo, se buscará mejorar el análisis territorial para identificar los sectores donde se necesitan mayores fiscalizadores.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, además anunció un proyecto de ley para elevar las sanciones a las personas que agredan a fiscalizadores o a conductores.

“Va a ayudar a hacer más efectivo este trabajo e inducir a que los conductores colaboren en este esfuerzo. Ya no cobran, pero tienen el rol de abrir puertas y es importante que ellos colaboren en que las personas que entren, lo hagan por la puerta delantera, donde están los validadores”, indicó Muñoz a Emol.

El segundo lineamiento tiene relación con mejorar el control de accesos a los buses, capacitando a los choferes y multando a aquellos que no cumplan el instructivo de apertura de puertas, ya que siempre deben ser las de adelante para fomentar el pago. Junto a ello, se buscará aumentar en 40 las zonas de pago en las veredas, más difíciles de evadir.

El tercer pilar apunta a aumentar las personas enroladas en el sistema de pago mediante códigos QR. Ya son 815 mil y el objetivo del MTT es que sean un millón en 2023. Además, se está desarrollando un plan piloto para que se pueda pagar con tarjetas bancarias.

El cuarto punto tiene relación con realizar campañas de información y educación a la ciudadanía. Finalmente, el quinto lineamiento consiste en mejorar la coordinación con Carabineros, las operadoras de buses, Metro y la Dirección de Transporte Público, a través de reuniones que empezarán en dos semanas.

Cabe señalar que el anuncio se enmarca en la eventual alza en la tarifa del transporte público, la cual lleva tres años congelada después de que el último aumento desatara las protestas del estallido social en octubre del 2019.