La ministra de Justicia, Marcela Ríos, se refirió en la tarde de este lunes a la huelga líquida que están llevando a cabo Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y un grupo de comuneros mapuche en la cárcel de Valdivia.

La secretaria de Estado hizo énfasis a las solicitudes de la oposición para no otorgarle beneficios penitenciarios a los involucrados en la protesta, o de esta forma quedaría expuesta a “cualquier tipo de acción”, como una acusación constitucional.

“La ministra de Justicia debe ceñirse a lo establecido por Contraloría y quien esté en huelga de hambre no puede acceder a ningún beneficio, porque se usaba como extorsión por parte de reos peligrosos. Espero que la ministra no siga respondiendo a estas extorsiones con beneficios penitenciarios y se ciña a la pena. Incumplir aquello sería incumplir la ley y eso la deja abierta a cualquier tipo de acción”, declaró el diputado Andrés Longton, jefe de bancada RN.

Al respecto, Ríos indicó que no puede hacerse cargo de especulaciones respecto de hechos que no han ocurrido. “Acá hay una persona privada de libertad por decisión del Tribunal de Garantía de Lautaro, fue el Tribunal de Garantía que decidió la medida cautelar y fue el que decidió el lugar donde esta persona debía cumplir esa medida cautelar”, señaló.

“Como Gobierno y desde el Ministerio de Justicia somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial y respecto a quienes puedan iniciar una huelga de hambre, Gendarmería es la institución responsable legalmente de custodiar la seguridad al interior de los recintos penales. Seguiremos monitoreando la situación”, aseguró.

Con respecto a la acusación constitucional, la ministra recalcó que “esta es una facultad de la Cámara de Diputados que siempre está disponible, que se tiene que evaluar en sus méritos, estamos trabajando todos los días para hacer nuestro trabajo. En este caso hay una decisión del Tribunal de Garantía que lo que le compete al Ejecutivo es acatar”, concluyó.