Nacional

Producto del operativo, una de las cuatro personas sería formalizada esta jornada por el delito de infracción a la Ley de Armas. Las otras tres quedaron apercibidas.

Según consignó El Mercurio, el presidente de Anatel, Pablo Vidal, señaló que valoran “la apertura del CNTV a analizar este tema y también la opinión de otras visiones expertas como la Defensoría de la Niñez”.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó fecha y hora para formalizar al jefe comunal y la petición fue ingresada en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Los delitos que le imputa son los de cohecho, administración desleal, fraude al Fisco y estafa. Junto al alcalde serán formalizadas otras siete personas.

“Con profunda tristeza nos dirigimos a la comunidad universitaria para expresar nuestro dolor por el fallecimiento de Catalina Cayazaya y el gran sufrimiento por el que está atravesando su familia, amigos, compañeros y cercanos”, señaló la casa de estudios a través de un comunicado. La madre de la joven relató por redes sociales que “a Catalina le arrebataron las ganas de vivir” y detalló las situaciones vividas por su hija, que estudiaba Terapia Ocupacional, durante su internado, y que la llevaron a quitarse la vida el 16 de marzo.

Aunque aún no se ha confirmado la identidad de las víctimas, se sabe que son dos hombres y una mujer, de nacionalidad chilena, con edades aproximadas de 24, 26 y más de 30 años, respectivamente.

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, durante su viaje a Santiago de Chile, transmitió este interés del operador público por aportar su conocimiento y experiencia en los mercados en expansión.

El periodo para realizar el trámite venció el pasado 31 de marzo, y la multa a la que se pueden exponer los automovilistas, irá aumentando si continúan sin pagar el documento.

La bancada de la colectividad, encabezada por Ximena Ossandón y Hugo Rey, destacaron la importancia de resguardar el principio de probidad en la función pública, así como de la necesidad de respetar los derechos fundamentales.

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A solicitud de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el tribunal dictó la máxima cautelar contra la imputada de nacionalidad peruana de 25 años, quien se encontraba de forma irregular en el país.