28 Mayo 2022 00:12
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Piñera presentó el proyecto que crea un nuevo Código Penal

El Mandatario sostuvo que “para resguardar los derechos y las libertades ciudadanas con mayor eficacia y fuerza es necesaria una actualización y una modernización a través del Código Penal”. “Este Código Penal, junto con poner la legislación penal chilena al día, con los más altos estándares jurídicos, también actualiza y moderniza su contenido, recodifica buena parte de la legislación penal que hoy está dispersa en múltiples leyes especiales e introduce cinco grandes innovaciones”, remarcó.

El Presidente Sebastián Piñera, acompañado por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, presentó este jueves el proyecto que crea un nuevo Código Penal.

El objetivo es modernizar el actual código que fue creado en 1874,
entrando en vigencia el 1 de marzo de 1875, por lo que ya ha cumplido casi 150 años.

El Mandatario sostuvo, en una ceremonia realizada en La Moneda, que “para resguardar los derechos y las libertades ciudadanas con mayor eficacia y fuerza es necesaria una actualización y una modernización a través del Código Penal”.

“Este proyecto ha sido el fruto del valioso trabajo realizado por muchos abogados y expertos en materias legales”, agregó.

El proceso de elaboración de la iniciativa comenzó en 2002 en el “Foro Penal” de expertos, donde en tres años se elaboró un pretexto que fue entregado al gobierno del Presidente Ricardo Lagos Escobar en 2005. Años después se reinició el proceso de elaboración, lo que dio lugar a anteproyectos trabajados por comisiones académicas especialmente convocadas en 2013, en el primer gobierno de Piñera, y en 2015, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

“Este Código Penal, junto con poner la legislación penal chilena al día, con los más altos estándares jurídicos, también actualiza y moderniza su contenido, recodifica buena parte de la legislación penal que hoy está dispersa en múltiples leyes especiales e introduce cinco grandes innovaciones”, remarcó.

Entre las principales novedades del proyecto está establecer nuevos delitos, como, por ejemplo, el “hostigamiento” como forma de protección de la intimidad, ante la afectación de las condiciones de la vida privada, sea presencialmente o bien por medios digitales; la “extorsión” como fórmula general de protección del patrimonio de las personas; la “utilización indebida de subvenciones públicas”, castigando el uso indebido de beneficios económicos al Estado para el desarrollo de planes y programas; la “publicidad falsa o engañosa grave”, protegiendo a los consumidores ante declaraciones falsas de productos o servicios que pudieren afectar la salud o seguridad de la población o el medio ambiente; la “ciberdelincuencia”, mejorando y perfeccionando la tipificación de los delitos informáticos, y el “atentado contra la seguridad en el trabajo” para los casos en que el empleador, con infracción de sus deberes, exponga a sus trabajadores a condiciones de trabajo idóneas para afectar su salud.

Además, establece penas transparentes para la ciudadanía, dependiendo de la gravedad del delito: prisión; reclusión, que puede cumplirse en la cárcel o en el domicilio del condenado; libertad restringida, que se cumple controlada por un delegado y por monitoreo telemático; multa y el servicio en beneficio de la comunidad.

También crea un sistema de penas efectivas, ya que, en la actualidad, además de que las penas se fijan en un lenguaje poco claro, normalmente no se terminan aplicando ni en intensidad de años, ni en la forma que inicialmente dice la ley.

“Además, establece consecuencias adicionales al delito, más allá de las penas, como por ejemplo el comiso de las ganancias de los narcotraficantes”, añadió el Jefe de Estado.

Otra novedad, “contempla inhabilitaciones, que son prohibiciones al condenado para ejercer ciertos cargos, por ejemplo, quien haya cometido delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes no podrá ejercer ninguna profesión u oficio que tenga alguna relación con menores de edad”, comunicó.

El nuevo Código Penal también incluye nuevos tipos de personas jurídicas que tienen responsabilidad penal, como las universidades del Estado, partidos políticos, personas jurídicas religiosas, y establece que deben responder por cualquier delito, si es que este era previsible.

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