El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, respondió a las acusaciones presentadas en una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuesta ante la Justicia sobre la eventual malversación de fondos públicos de al menos $8.000 millones en la entidad que lidera.
El jefe comunal indicó que en 2017 solicitó una auditoría general a la Contraloría General de la República, donde se auditó “cada peso del municipio y se arrojaron una serie de análisis que hablaban de un déficit muy abultado, sin especificar su origen ni la procedencia. Producto de eso se inició una investigación en el Ministerio Público en 2018”.
“Desde el primer día fuimos querellantes, vale decir, perseguimos la verdad desde el principio, y en ningún momento he sido citado a declarar ni como testigo ni mucho menos como imputado. Con el paso de los años se ha ido estableciendo una serie de verdades. La primera, es que el Ministerio Público y la justicia, mediante auditorías independientes, no municipales, sino que del Ministerio, ha establecido primero, que nunca ha habido 20 mil millones de pesos perdidos en esta municipalidad. Lo que sí hay son 8.500 millones de pesos que durante muchos años antes de esta administración, no habían sido rendidas al Ministerio de Educación por subvenciones mal aplicadas”, explicó.
A su vez detalló qué es lo que pasa con las subvenciones mal aplicadas: “Cuando el ministerio de Educacion le entrega a las distintas municipalidades subvenciones específicas, para capacitar a los profesores o para mejorar la educación de los niños, en muchas municipalidades, alcaldes han utilizado ese dinero para otros fines: pintar el colegio, pagar cotizaciones previsionales, o hacer otros usos que no estaban específicamente establecidos por la ley. Por eso se constituye la malversación de fondos”.
Añadió que esos $8.500 millones estarían relacionados a esas subvenciones y problemas con las administraciones anteriores. “En la Florida durante administraciones pasadas tuvieron ese problema, y al igual que cualquier chileno, cuando compra un auto o arrienda una casa, le toca asumir deudas de arrastre del arrendatario o del propietario anterior. Eso es lo que ocurrió acá. Del año 2008 hay deudas que no se pagaron como correspondían al ministerio de Educación, y se constituyen como una especie de Dicom de este municipio hasta el día de hoy. Por eso no es accidental que el Ministerio Público no se querella contra esta administración, ni contra mí como alcalde, porque no somos nosotros los responsables de lo que ocurrió antes de nuestro período”, explicó el alcalde.
“Hay una sentencia que nos exculpa, nos separa completamente de cualquier hecho irregular. Hay una auditoría donde se establece fehacientemente que nunca ha habido $20 mil millones perdidos. Lo que hay es un déficit de arrastre de $8.500 millones de otras administraciones. Ahora he instruido, a través del consejo municipal, que se auditen todas las corporaciones”, cerró.
