El presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, se refirió este jueves a la polémica relacionada a la rendición de gastos en la campaña a gobernadora de Karina Oliva, hecho que fue revelado un reportaje publicado por Ciper la tarde del jueves.

Ciper reveló que un total de siete militantes de su partido rindieron $137 millones ante el organismo por diversas asesorías realizadas.

“La investigación periodística de Ciper hace un análisis de gastos de la primera y segunda vuelta. La primera vuelta está resuelta y aprobada por el Servel. La rendición de gastos de la segunda está pendiente, en el Servel está en revisión, todavía ni siquiera se hacen las observaciones ni se han aprobado”, aclaró Tagle.

Además, dio detalles respecto de la devolución monetaria por concepto de votos: “A Karina Oliva se le autorizó un 59% del tope por voto, es decir, el tope de 0,4 UF por voto obtenido no se pagó. Se pagó el 59% de ese tope, esto es una demostración de que se paga contra gastos y no contra votos”.

“De la información que recibimos de la rendición de la primera vuelta, en nueve de las 11 partidas de gastos, se pidieron antecedentes adicionales. Tenemos esa información. Se tiene que tener en cuenta que servicios intangibles como los honorarios profesionales y las asesorías, es difícil establecer la veracidad de lo efectuado, y la justa remuneración”, expuso la autoridad electoral.

También expuso una serie de situaciones irregulares que podían darse en estas situaciones: “Hay una confianza en la buena fe de los administradores, pero estos tienen la obligación de llevar un control en la materia y declararlo bajo juramento al Servel. Por tanto, si hemos recibido en los antecedentes falsedades en la información proporcionada respecto de honorarios por trabajos anteriores al período de campaña, o si hemos recibido honorarios de terceras personas, es una cosa incorrecta. También respecto de trabajo no realizados”.

En ese sentido, anunció que “si nosotros recibimos los antecedentes, y vamos a investigar, haremos las denuncias al Ministerio Público como corresponde de acuerdo con la ley, tanto al administrador como al candidato eventualmente”.

Por otra parte, realizó un llamado a realizar ciertas modificaciones legales relacionadas a asuntos de este tipo: “La ley no nos otorga una facultad de fijar tarifas máximas de honorarios y otros gastos en general. Creemos que la ley tras seis años de aplicación debe ser perfeccionada, y reiteramos nuestra disponibilidad a colaborar técnicamente, aquí hay una experiencia y a partir de la experiencia se pueden hacer mejoras, especialmente en el tema de tener los antecedentes antes del día de la elección”.

“Aquí las rendiciones se hacen 30 días después, y ahí se saben los votos y el máximo de derecho a reembolso, y eso da pie para especular sobre gastos que pueden no existir. Es importante una reforma para que se nos informe de la gente contratada desde el momento en que se contrató, y sus remuneraciones. Tener antecedentes previos al día de la elección”, puntualizó.