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Tribunal Constitucional admite a trámite los pedidos de destitución de la senadora Allende

Una vez notificada formalmente de la resolución, la expresidenta del Senado tendrá un plazo de 10 días para contestar el requerimiento de destitución, fundamentado en la polémica compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, ubicada en la calle Guardia Vieja, comuna de Providencia.

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El Tribunal Constitucional comunicó la tarde de este jueves que admitirá a tramitación los requerimientos presentados por diputados y diputadas para la cesación del cargo de la senadora socialista Isabel Allende.

Una vez notificada formalmente de la resolución, la expresidenta del Senado tendrá un plazo de 10 días para contestar el requerimiento de destitución, fundamentado en la polémica compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, ubicada en la calle Guardia Vieja, comuna de Providencia.

Mientras tanto, se espera que la ministra de Defensa y sobrina de la parlamentaria, Maya Fernández —también copropietaria de la vivienda—, declare este jueves vía telemática ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en calidad de imputada, por la fallida transacción.

Esto ocurre luego de que la Fundación Fuerza Ciudadana, encabezada por el militante del Partido Republicano Raimundo Palamara, presentara una querella ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra el Presidente Gabriel Boric y “todos quienes resulten responsables” por el delito de fraude al Fisco. Mañana declararán la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval y la senadora Allende, también imputadas.

La senadora abordó la situación el miércoles en el Congreso, declarando que se actuó “de buena fe” y que esto “no mancha el legado” de su padre.

En tanto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que “el declarar como imputado depende solamente de que haya una querella contra alguien, y automáticamente se declara como imputado. Eso no es una condición relevante, pero sí hay otras condiciones importantes. Muchas veces hemos señalado esto, y como Gobierno sostenemos que en este caso no se cumple lo mínimo para transformar la imputación en un elemento alarmante”.

Por su parte, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, señaló que iniciaron “un procedimiento administrativo, un sumario, para detectar los errores en los procedimientos y mejorarlos”. Subrayó que este proceso también busca precisar responsabilidades, ya expuestas con la renuncia de una ministra de Estado.

Estamos revisando y ajustando manuales e instructivos en el Ministerio para evitar que estos problemas se repitan. El sumario nos indicará las medidas finales a tomar, pero mientras tanto nos enfocamos en corregir los detalles y hacer las cosas bien“, puntualizó el secretario de Estado.

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