La Universidad de Chile lanzó una de sus principales iniciativas en vías de aportar al debate constitucional: “100 propuestas Para el País que Queremos”, que resume el trabajo realizado por la iniciativa Propuesta de Acuerdo Social (PAS), convocada por el rector Ennio Vivaldi a solicitud de distintos actores sociales en medio de la crisis social y política iniciada en octubre de 2019. 

Una Estrategia Nacional de Empleo, un Seguro Nacional de Salud, una política de convivencia  escolar que apunte a incorporar la cultura juvenil en este nivel educacional, al menos un 2% del PIB destinado a cultura,  reconocer y promulgar un Estado pluricultural y plurinacional, y distribuir territorialmente los impuestos provenientes de actividades económicas regionales, forman parte de las 100 propuestas que incluye este documento; el cual fue desarrollado por más de 80 personas por más de un año y medio en nueve mesas temáticas. 

Uno de los temas que atravesó todo el proceso, fue la necesidad de que el derecho de participación política de la ciudadanía se concrete más allá de la elección periódica de autoridades y, además, que esta participación debe trascender y ser parte permanente del proceso de toma de decisiones en todas las áreas del Estado. En otras palabras, la iniciativa levanta la idea de “un Estado que ponga a los ciudadanos en el centro”.

“Las personas que se sumaron a esta iniciativa eran diferentes entre sí, pero compartían un punto de vista en común: una plena consciencia de la magnitud de la crisis que vivía la sociedad chilena y la oportunidad de generar un cambio social”, comentó Juan Gabriel Valdés, coordinador de la instancia y director de Relaciones Institucionales de la Universidad de Chile. 

El rector Vivaldi, en tanto, destacó que “en Chile se ha hecho una apología del egoísmo. Eso que hemos vivido como sociedad y es a eso a lo que reacciona la gente, que quiere expresar el anhelo de volver a encontrarse, buscar el bien común, ser parte de la sociedad. Eso es lo que queremos expresar desde la Universidad y desde lo público”.

Al respecto, la presidenta del Senado, Yasna Provoste, comentó que “estos agitados meses ha brotado una auténtica voluntad republicana y democrática que nuestro pueblo ha recogido con responsabilidad cívica. (…) Esta ventana maravillosa es también una posibilidad que tenemos construir con generosidad, desprendimiento de la pérdida de poder e influencia”. 

Las mesas abordaron las siguientes temáticas: Democracia, Desarrollo, Salud, Educación, Medio Ambiente, Cultura Artes y Patrimonio, Modernización del Estado, Territorio, Trabajo y protección social y contaron con la presencia de diferentes actores del mundo académico y social como Carmen Romero, Tamara Acosta, Manuel Antonio Garretón, Rosa Oyarce, Mario Aguilar, Gloria de la Fuente, Francisco Reyes, Cecilia García Huidobro, Alejandra Sepúlveda, entre otros. 

PAS se suma a otras iniciativas que está generando la Universidad de Chile en medio del debate constitucional, como lo es la plataforma UCHILE Constituyente, que busca dar a conocer los distintos trabajos académicos que lleva adelante el plantel universitario; o los Encuentros Participativos, instancia de diálogo y debate de la comunidad académica y universitaria que comenzará a desarrollarse en torno al actual momento constituyente en curso. 

Las propuestas fueron entregadas a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, en un encuentro en el que participaron los constituyentes electos Cristina Dorador y Benito Baranda; junto a Celeste Painepán y  Claudia Bobadilla, representantes de la Mesa de Culturas, Artes y Patrimonio y de Modernización del Estado de esta iniciativa.

ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES PROPUESTAS 

• Establecer y estandarizar sistemas de medición periódica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Contar con esta información es fundamental para el diseño de políticas públicas que enfrenten las desigualdades de género en el trabajo no remunerado, reduciéndolo, redistribuyéndolo y reconociéndolo como parte vital del desarrollo económico y social del país.

• Reformulación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y los programas de capacitación. Una Estrategia Nacional de Empleo debe ser el primer insumo para una reformulación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, cuyos programas deben adaptarse para responder a los desafíos del trabajo del futuro.

• Seguro Nacional de Salud como respuesta. Este seguro buscará terminar con la segmentación del actual sistema de salud por ingresos, avanzando hacia un sistema de financiamiento basado en impuestos generales que disminuya el aporte que actualmente realizan las personas por concepto de cotizaciones y gastos de bolsillo. Este sistema de salud fortalecido podrá incorporar a actores privados, pero bajo lógicas públicas, mediante mecanismos concretos como la prohibición del lucro.

• Desarrollar una política de convivencia escolar que apunte a incorporar la cultura juvenil en este nivel educacional, y que permita la participación e interacción de jóvenes que han desarrollado vínculos a través de las nuevas formas de comunicación que nos ofrece la tecnología.

• Eliminar el sistema de incentivos económicos basado en los resultados de pruebas estandarizadas y reemplazarlo por uno cuya medición contemple indicadores cualitativos, relacionados directamente con la función formativa que se desarrolla.

• Recomendamos que el presupuesto de cultura se asimile a la media de la OCDE, que es de un 2%.

• Reconocer y promulgar un Estado pluricultural y plurinacional para proteger la diversidad identitaria, territorial y representacional del país.

• Desarrollar políticas de resguardo a territorios especiales — por ejemplo, zonas costeras— manteniendo su condición pública y considerando variables que contrarresten el cambio climático.

• Generar políticas de vivienda social, que contrarresten las lógicas de mercado, que consideren a sus habitantes como actores fundamentales de su formulación e implementación, adecuadamente emplazadas. 

• Distribuir territorialmente los impuestos provenientes de actividades económicas regionales, considerando criterios que fomenten la equidad del financiamiento.

• Integrar la valoración del suelo, su regulación y objetivos en torno a sus posibilidades para el desarrollo urbano. Para ello proponemos que las municipalidades y gobiernos regionales tengan una batería de herramientas (tributarias y de gestión) que permitan aprovechar dichos terrenos para la ejecución de proyectos que tiendan al bien común. Dentro de esta batería, los gobiernos locales debieran contar con herramientas como reajuste de tierras, captación de plusvalías, porcentajes de vivienda social, entre otras. 

• Fortalecer la institucionalidad y profesionalizar a la unidad de Gobierno Digital en su dirección, procesos, y elevando sus capacidades acordes al tamaño de los desafíos. Gobierno Digital debería depender de la nueva Subsecretaría de la Gestión Pública y su director debería ser elegido por Alta Dirección Pública.

• Reformar el Fondo Común Municipal, ecualizando fuertemente la distribución de los recursos y considerando la necesidad por habitante (hoy Las Condes recibe diez veces lo que recibe La Pintana por habitante).

• Fortalecer la profesionalización de directivos y funcionarios en municipios (concursos, carrera, capacitación, sistemas de evaluación).

• Mejorar la institucionalidad encargada de la política de datos y la política de acceso a la información pública. 

• Reconversión de las empresas causantes de la mayor contaminación y una transición acelerada de toda nuestra red de energía a energías renovables no convencionales, financiada mediante el fin de los subsidios a combustibles fósiles y otras actividades industriales dañinas.

• Una estructura gubernamental y de políticas de Estado que aseguren la planificación territorial estratégica, contemplando el cambio climático, la conservación de la biodiversidad e interculturalidad.