El empresario es investigado por su presunta responsabilidad en el accidente ocurrido en julio de 2019 en San Francisco de Mostazal, Región de O’Higgins, cuando el volcamiento de una máquina de esa firma de transportes dejó seis muertos y 40 heridos.
El vehículo funcionaba con una patente adulterada ya que, según los peritajes, su chasis daba cuenta de un siniestro anterior.
A través de un fallo unánime, el tribunal de alzada dio lugar a la acción judicial interpuesta por el abogado defensor Juan Carlos Manríquez, quien argumentó que su representado se encuentra dentro de la población de riesgo de contagio por coronavirus, debido a su edad y a sus condiciones de salud.
“Se dispuso que la prisión preventiva se sustituya por arresto domiciliario, arraigo nacional y una fianza (…) atendido a su edad, condición de salud y riesgo de contagio de Covid-19, debido a la nula atención que se le había dado en relación en estar en este segmento de población de riesgo”, explicó Manríquez.
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