Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años, podrá regresar a su vivienda en Madrid tras alcanzar un acuerdo con la empresa propietaria del inmueble.
El acuerdo fue alcanzado entre la familia de Maricarmen, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, propietaria del departamento, recogió Emol.
Sin embargo, el pacto todavía debe ser ratificado por la propia Maricarmen, según fuentes del Ayuntamiento de Madrid. El municipio actuó como mediador entre las partes.
La mujer fue desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda donde llevaba cerca de 70 años. El procedimiento se concretó mediante una orden judicial.
Pagaba 500 euros y le exigían 1.650
Maricarmen había vivido durante décadas en un departamento del barrio del Retiro de Madrid. En ese inmueble pagaba 500 euros mensuales bajo un antiguo contrato de alquiler.
La situación cambió después de que Urbagestión comprara la vivienda en 2018. La empresa solicitó poner término al contrato y planteó un nuevo arriendo de 1.650 euros.
La cifra superaba la pensión mensual de Maricarmen, que alcanza 1.300 euros. Por ello, la mujer no podía asumir el nuevo valor.
La arrendataria recurrió a los tribunales y ganó inicialmente el juicio. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó posteriormente esa decisión.
Finalmente, el Tribunal Supremo falló a favor de la propiedad, por lo que el desahucio se concretó el pasado 23 de septiembre.
El caso generó protestas por la crisis de vivienda
Tras el desalojo, Maricarmen quedó ingresada en un hospital público. Su situación generó numerosas muestras de apoyo y volvió a poner el foco en la crisis habitacional que afecta a España.
El sábado, decenas de miles de personas se manifestaron en distintas ciudades del país. En Madrid, además, varios centenares de personas permanecieron acampando en la Puerta del Sol.
Las movilizaciones fueron organizadas, entre otros grupos, por el Sindicato de Inquilinas, que reclama cambios en las condiciones de los contratos de alquiler.
El Gobierno de Pedro Sánchez también prepara un paquete de medidas relacionadas con el acceso a la vivienda. Entre ellas se contemplan protecciones frente a los desahucios, regulación de los alquileres de temporada y medidas contra la compra especulativa.
No obstante, la propuesta enfrenta negociaciones políticas antes de su eventual aprobación en el Parlamento español.
