La comisión revisora de la Cámara de Diputados rechazó este viernes la acusación constitucional presentada contra el Presidente Piñera.

De esta forma, el libelo llegará con informe negativo a la Sala debido a que no contó con los respaldos necesarios. Recibió dos votos a favor -Raúl Florcita Alarcón (Indep.) y Maya Fernández (PS)-, dos en contra –Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (IND)- y la abstención del diputado Pepe Auth (Indep.).

Este último defendió su decisión en la mesa tras asegurar que “no hay correspondencia entre las causales atribuidas por el libelo acusatorio y lo que señala la Constitución, infringir gravemente la Constitución y las leyes, o comprometer severamente el honor de la nación”.

Añadió que “hay indicios, hay sospechas, hay especulaciones, pero no hay actos de la administración que puedan ser pasibles de comprometer el honor y la seguridad de la nación”.

“Si se tratara solo de una cuestión de quién está en la posición o quién está en el Gobierno, la verdad es que no tendría sentido ni las comisiones, ni el debate porque Sebastián Piñera no ha tenido aquí la confianza del Congreso nunca”, añadió.

En esa línea, Auth aseguró que la discusión “no se trata de la confianza del Presidente o de su gobierno, sino que verificar si tiene mérito para destituir a un presidente o no, y a mi juicio no lo tiene”.

Finalmente, el parlamentario adelantó que votará de la misma forma cuando se discuta la acusación en Sala el próximo 8 de noviembre, “salvo que apareciera algún antecedente que agregara la participación directa del Presidente en los hechos que se le imputan porque hay solo presunción”.

Por su parte, la diputada Fernández, quien presidió la instancia revisora, explicó que votó a favor ya que “hay temas que no se han despejado. Por ejemplo, por qué si todas las partes que hicieron este negocio son chilenas y chilenos, y el lugar que todos conocemos, Dominga, está en Chile, ¿Por qué no se hizo en Chile?”.

La acusación constitucional surgió tras conocerse los nuevos antecedentes que salieron a la luz en el reportaje “Pandora Papers”, que detalla la compraventa del proyecto minero-portuario Dominga que la familia Piñera-Morel hizo con Carlos Alberto Délano en 2010 a través de un paraíso fiscal.

De acuerdo a la filtración, en la transacción había una cláusula que señala que el pago de la tercera cuota estaría condicionado a que el sector donde se va a construir la instalación no se declare zona de exclusión.

Pese a que la causa se investigó en 2017 y terminó con el sobreseimiento del Mandatario, la Fiscalía Nacional decidió abrir una nueva investigación por eventuales delitos tributarios, ya que la anterior pesquisa se habría hecho en base a un preacuerdo y no al contrato original. Según trascendió, la polémica clausula no habría sido considerada en dicha indagatoria.