La abogada defensora de los comuneros imputados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, Manuela Arroyo, informó que ocho de ellos iniciaron el domingo una huelga de hambre indefinida.
La acción es en protesta a la decisión de la familia Luchsinger de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el rechazo a las pruebas presentadas durante la preparación del juicio oral.
El pasado 24 de mayo los abogados de la familia ingresaron ante el TC un requerimiento de inaplicabilidad en el marco de la investigación por el asesinato de la pareja.
El abogado Carlos Tenorio -representante de Jorge Luchsinger- argumentó en la presentación que la jueza Alejandra García excluyó “toda la prueba ofrecida” durante la audiencia preparatoria, considerando que dichas pruebas “habían sido obtenidas con infracción de garantías constitucionales”.
Según la abogada Arroyo los comuneros temen que ese requerimiento pueda interferir con el desarrollo de la causa y por ello deban pasar más tiempo en prisión preventiva.
“Los presos e imputados en la denominada causa Luchsinger han tomado la determinación de iniciar una huelga de hambre a raíz de la presentación ante el TC de la familia Luchsinger, la cual podría implicar la suspensión de la causa por un año más”, señaló la abogada.
Y agregó que se “está manifestando una afectación a sus derechos fundamentales, como el derecho a ser juzgados dentro de un plazo justo, la imposición de una ley antiterrorista, y la mantención de la prisión preventiva, pese a que muchos ellos han sido liberado por los tribunales de garantía”.
La acción es en protesta a la decisión de la familia Luchsinger de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) por el rechazo a las pruebas presentadas durante la preparación del juicio oral.
El pasado 24 de mayo los abogados de la familia ingresaron ante el TC un requerimiento de inaplicabilidad en el marco de la investigación por el asesinato de la pareja.
El abogado Carlos Tenorio -representante de Jorge Luchsinger- argumentó en la presentación que la jueza Alejandra García excluyó “toda la prueba ofrecida” durante la audiencia preparatoria, considerando que dichas pruebas “habían sido obtenidas con infracción de garantías constitucionales”.
Según la abogada Arroyo los comuneros temen que ese requerimiento pueda interferir con el desarrollo de la causa y por ello deban pasar más tiempo en prisión preventiva.
“Los presos e imputados en la denominada causa Luchsinger han tomado la determinación de iniciar una huelga de hambre a raíz de la presentación ante el TC de la familia Luchsinger, la cual podría implicar la suspensión de la causa por un año más”, señaló la abogada.
Y agregó que se “está manifestando una afectación a sus derechos fundamentales, como el derecho a ser juzgados dentro de un plazo justo, la imposición de una ley antiterrorista, y la mantención de la prisión preventiva, pese a que muchos ellos han sido liberado por los tribunales de garantía”.
