La Contraloría General de la República detectó a 485 funcionarios públicos de la Administración Central que se encontraban suspendidos preventivamente. Esto en el marco de sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026.
De acuerdo el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, 13 funcionarios permanecían suspendidos desde hace más de cuatro años. Mientras que otros 17 acumulaban entre tres y cuatro años en la misma condición. En total, son 30 los casos que superan los tres años de suspensión preventiva.
La situación más extensa corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión alcanzaba una duración estimada de 4 años y 7 meses. Le siguen casos registrados en el SLEP Santiago Centro, con 4 años y 6 meses. Y en el SLEP Atacama, con 4 años y 2 meses.
A partir de estos antecedentes, se dispuso que los 30 sumarios con funcionarios suspendidos por más de tres años dejarán de ser tramitados por los servicios u organismos donde se originaron. Y pasarán a la Contraloría para que continúe su tramitación.
Deberán informar en un plazo de 15 días hábiles el término de los sumarios
Asimismo, se estableció que las entidades que mantienen funcionarios suspendidos preventivamente por más de un año, deberán informar, en un plazo de 15 días hábiles, el término de los sumarios. Justificar fundadamente la continuidad de la medida o reportar acciones concretas para agilizar su conclusión. Además, tendrán que iniciar procedimientos disciplinarios orientados a establecer eventuales responsabilidades por las demoras detectadas.
Por otro lado, el informe de Contraloría reveló que 22 funcionarios suspendidos preventivamente registraban otras actividades remuneradas durante el período de suspensión, según antecedentes del Servicio de Impuestos Internos (SII).
De acuerdo a los datos entregados, el Estado ha desembolsado $671 millones en remuneraciones asociadas únicamente a los diez casos con los períodos de suspensión más prolongados identificados en la revisión.
El informe reveló que dos funcionarios que estaban suspendidos cumplían, en ese período, una medida cautelar de prisión preventiva. Otro caso tiene relación con un fiscal que decretó una suspensión preventiva, quien también se encontraba en esa condición.
Otra situación tiene que ver con 20 funcionarios suspendidos cuyos sumarios están a cargo de un fiscal que ya no trabaja en el servicio. Además, se identificó decenas de casos en que funcionarios suspendidos viajaron al extranjero o asistieron a casinos de juego en ese período.
