La directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, acogió parcialmente la reclamación presentada por la Inmobiliaria Fundamenta, a fines de mayo pasado, para intentar revivir el proyecto que la empresa desarrollaba en la comuna de Ñuñoa y que fuera paralizado hace 7 meses.
La resolución explicó que “en atención a los antecedentes presentados durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto, esta Dirección Ejecutiva estima que se presentaron los antecedentes suficientes para concluir que el proyecto no afectará significativamente los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos urbanos”.
Además, se determinó “calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Egaña-Comunidad Sustentable”.
Por ello, la empresa inmobiliaria podrá reiniciar las obras del proyecto que considera cuatro edificios para viviendas y oficinas, con una inversión de US$ 300 millones.
Además, la autoridad ambiental aclaró que existe un plazo de 30 días desde su notificación para reclamar en contra de la resolución, ante el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, sin perjuicio de ejercer cualquier otro recurso que se estime oportuno.
Junto a ello, hay un fallo pendiente de la Corte Suprema que ya está en acuerdo. El 26 de julio, la Tercera Sala del máximo tribunal del país declaró admisible los recursos de casación que presentaron Fundamenta, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y vecinos del proyecto en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago, que resolvió –a fines de noviembre de 2021- retrotraer el análisis de la obra y revisar el impacto de las sombras que generarían los edificios.
Los vecinos quieren que se rechace el proyecto, mientras que la autoridad ambiental y la inmobiliaria solicitaron que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) -otorgada el 15 de mayo de 2019- sea validada por el máximo tribunal del país.
La iniciativa está paralizada desde principios de abril, luego que la Comisión de Evaluación Ambiental de la región Metropolitana, presidida por la delegada presidencial metropolitana, Constanza Martínez, determinó rechazar su Declaración de Impacto Ambiental, debido al impacto de las sombras que generaría esta construcción en los inmuebles vecinos.
