Los diputados UDI, Jorge Alessandri y Cristián Labbé, pidieron que el excarabinero Sebastián Zamora sea reintegrado a la institución policial tras ser dado de baja por su presunta responsabilidad en la caída de un menor de edad al lecho del río Mapocho.
A través de un punto de prensa, Alessandri criticó que “antes de investigar los hechos, la prensa, la Fiscalía hablaba de homicidio frustrado, mientras Carabineros lo da de baja por llevar una cámara GoPro personal y no la institucional. Ahora, hechos los peritajes, resulta que al joven que había estado atacando vehículos policiales minutos antes, no lo empuja Zamora, sino que en la persecución para ser detenido cae”.
Consignar que Carabineros no le prohíbe a sus funcionarios el porte de cámara personal, pero exige que su uso sea transparentado. Zamora no habría informado a sus superiores el uso del aparato audiovisual, lo que dio inicio al proceso de su desvinculación de Carabineros por mala conducta.
Mientras, Labbé cuestionó que “eso es lo necesario y justo, tras un juicio público en que se culpó al excarabinero Sebastián Zamora de empujar a un menor en medio de un procedimiento por disturbios en el río Mapocho y ahora se descarta que ello ocurriera. No existió la intención de lanzarlo como lo decía la izquierda tras el incidente, por ello como parlamentarios queremos que esto se corrija”.
“Estamos pidiendo a Carabineros reconsiderar la medida, no se respetó la presunción de inocencia, por tanto, el carabinero merece unas disculpas y si él lo quiere así, la posibilidad de reintegrarse a su trabajo, a su institución y a su vocación”, agregó.
Recordemos que Zamora está siendo investigado por su presunta responsabilidad en la caída del un joven de 16 años desde el puente Pío Nono, hecho ocurrido durante una serie de manifestaciones en el sector. El uniformado estuvo cinco meses en prisión preventiva antes del fallo revocatorio del Juzgado de Garantía de Santiago del 2 de marzo, que lo dejó con arresto domiciliario total, mientras que el 25 de marzo quedó en arresto domiciliario parcial.
En relación al último fallo del tribunal, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), interpuso un recurso de apelación al acusar que “una persona que fue formalizada por un delito de homicidio, y considerando la actitud posterior a la ejecución del delito, no puede presumirse que adelante actuará con respeto por el Derecho y sus procesos de justicia”.
“Considerando entonces que el delito imputado se erige como un ilícito de extrema gravedad, no sólo por la pena asignada sino también considerando los bienes jurídicos tutelados, hace necesario que se someta al imputado a la medida cautelar de arresto domiciliario total, toda vez que es totalmente proporcional y funcional a los fines del procedimiento”, indicó la entidad.
