El diputado del Partido Federación Regionalista Verde y Social (FRVS), Jaime Mulet, ingresó a la Comisión de Medio Ambiente un proyecto de ley que crea “el sistema nacional de certificación de huella de carbono”.

El objetivo, según lo explicado por el parlamentario, es “asegurar y certificar que los bienes y servicios destinados al consumo, tengan un etiquetado donde se describan las emisiones en materia de huellas de carbono que cada uno de estos productos o servicios tengan”.

Esta normativa estará regulada por una empresa certificadora que establezca el grado menor, mayor o neutro de un producto.

El proyecto, “busca que haya una contribución y transparencia por parte de los consumidores que puedan determinar y escoger en determinadas circunstancias que bien contribuye de mayor o menor manera en materia de CO2. Lo que va a determinar que el cliente tenga conciencia e información sobre lo que va a adquirir”. y añadió que “es algo similar a lo que ocurre hoy con la ley de etiquetado de alimentos”.

Lo anterior, se suma a la creciente preocupación tanto nacional como internacionalmente por las consecuencias adversas del cambio climático y busca adoptar todas las políticas y opciones posibles para reducir emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, de manera tal, que permita reducir los perniciosos efectos del calentamiento global y el cambio climático que ya están golpeando a nuestro país.

De esta forma, Mulet añade que “este proyecto va en línea con los compromisos internacionales suscritos por Chile en el acuerdo de Paris, el protocolo de Kyoto, con el objetivo de un desarrollo sostenible”. Lo anterior “permitirá modificar los patrones de consumo que tenemos, dirigiéndolos a una economía más sostenible, y que internalice medidas de mitigación efectivas de las emisiones de CO2”.

Por otro lado, quienes infrinjan las disposiciones de este proyecto, serán sancionados con multas a beneficios fiscal que van entre 5 a 500 unidades tributarias mensuales.

Para tener en consideración, un ejemplo de estos estatutos, establece incumplir las normas del sistema que puedan dar origen a fraudes en la producción y comercialización de bienes y servicios con etiquetas de huella de carbono.