En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2023, que este lunes fue aprobada en general por la Cámara de Diputados y este martes comenzará su discusión en particular, la bancada de la UDI decidió ingresar una indicación para rebajar en $500 millones los recursos asignados a la Secretaría General de Gobierno (Segegob), liderada por la actual ministra Camila Vallejo (PC).

Según dijeron, dicho monto equivale a lo que el Gobierno desembolsó en la impresión de 900 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución, que comenzaron a entregar a principios de agosto de este año y que, a juicio de la oposición, tuvo como único objetivo incidir en los resultados del plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

En esa línea, el propio presidente de la UDI, Javier Macaya, y el jefe de la bancada de diputados, Jorge Alessandri, le habían solicitado al Gobierno que les entregara la mitad de las copias, argumentando que la opción Rechazo también merecía disponer de dichos textos para entregarlos durante la campaña, sobre todo considerando que se costearon con recursos públicos.

Por lo mismo, los diputados Sergio Bobadilla y Juan Manuel Fuenzalida -quienes impulsaron la indicación- aseguraron que la impresión de 900 mil copias de la nueva Constitución “fue un proceso poco transparente y riguroso, que se realizó sin mayor publicidad y por trato directo, y en el que además el Gobierno acaparó todos los ejemplares y no tuvo la decencia de entregarle la mitad de las copias a las agrupaciones que legítimamente defendieron la opción del ‘Rechazo’”, agregando que “por eso es sumamente necesario reducir el presupuesto de la Segegob en la misma proporción de los dineros que gastaron, por la evidente intromisión que cometieron antes del plebiscito”.

“Nunca antes habíamos visto a un gobierno extralimitándose de esa manera en sus funciones y atribuciones. No nos olvidemos que la Contraloría General de la República concluyó que el ministro Giorgio Jackson había incumplido el principio de prescindencia política, y además existieron una serie de hechos en que la actual administración no tomó las distancias que correspondían, como cuando el propio diputado Leonardo Soto (PS) aseguró estar en La Moneda en una reunión de coordinación de la campaña del ‘Apruebo’”, recordaron los parlamentarios gremialistas.

“Por lo mismo -agregaron Fuenzalida y Bobadilla-, decidimos presentar esta indicación por la mala utilización de recursos públicos en que incurrió el Gobierno durante la campaña, específicamente la Secretaría General de Gobierno. Hubo una opacidad en la entrega de cerca de 900 mil ejemplares de la nueva Constitución, las que fueron financiadas a costa de los impuestos de todos los chilenos, con el único objetivo de incidir en la campaña del ‘Apruebo’. Por lo tanto, vamos a hacer valer la responsabilidad política del Ejecutivo, por haberse entrometido gravemente durante la campaña”.