El gobierno de Estados Unidos revocó la visa al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien acusa de participar en hechos graves de corrupción.
El Departamento de Estado sostuvo que sus acciones debilitan las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer como participante del Escudo de las Américas. Iniciativa impulsada por Donald Trump a la que también adhirió Chile.
Mariaca figura en una lista de autoridades, exautoridades y otras personas de Bolivia, Colombia y Perú a quienes Washington impuso restricciones de ingreso por presuntas actividades de corrupción o narcotráfico.
Bolivia es el país con más personas identificadas en la nómina. Trece funcionarios o exfuncionarios y un empresario. Entre ellos también están el exministro de Justicia Iván Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.
Fiscal y sus familiares directos quedan impedidos de entrar a EEUU
La designación de Mariaca implica que tanto el fiscal como sus familiares directos quedan impedidos de entrar a Estados Unidos. Washington justificó su decisión asegurando que dispone de información sobre una supuesta participación del fiscal general en “actos de corrupción significativos”.
Según la versión difundida por el Departamento de Estado, Mariaca, elegido en 2024 para un periodo de seis años durante la Presidencia del entonces mandatario Luis Arce, habría utilizado sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos destinados a “facilitar el narcotráfico” y “ayudar a delincuentes violentos eludieran la acción de la Justicia”.
Estados Unidos indicó que esas acciones perjudican sus esfuerzos contra el narcoterrorismo y debilitan las instituciones democráticas que los países integrantes del Escudo de las Américas se han comprometido a reforzar. “Los funcionarios corruptos -y los criminales a quienes protegen- no son bienvenidos en Estados Unidos”, insistió Washington al presentar las medidas.
El señalamiento de Mariaca se realizó al amparo de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026, que permite al secretario de Estado designar pública o privadamente a funcionarios extranjeros y a sus familiares directos cuando exista información considerada fidedigna sobre su implicación en corrupción significativa o graves vulneraciones de los Derechos Humanos.
