El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se refirió a la decisión de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya de no investigar las denuncias sobre eventuales violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile tras el estallido social del 18 de octubre de 2019.

“Lo que esta decisión confirma es que las instituciones en nuestro país funcionan, los tribunales de justicia están funcionando y por eso mismo nosotros como gobierno y el Estado de Chile va a seguir obviamente llevando adelante las investigaciones que correspondan para denuncias en nuestro país. Y serán los tribunales de justicia los que tengan que resolver la responsabilidad por estos hechos”, remarcó.

Agregó que “de lo que da cuenta la comunicación de la fiscalía de la Corte Penal Internacional es que en Chile no había una política de Estado dedicada a cometer delitos en contra de la ciudadanía, ni por parte de las instituciones policiales ni por parte del Estado de Chile, sino que en Chile las instituciones funcionan”.

“De haber habido alguna denuncia de abuso policial, de haberse cometido algún hecho que pueda ser vulneratorio de los derechos de las personas, lo que corresponde es que sean las instituciones dentro del país las que investiguen”, aseveró.

Galli añadió que “además, lo que dice la corte es que Chile tomó las medidas adecuadas en su momento, permitió que organismos internacionales vinieran a observar lo que estaba ocurriendo en nuestro país”.

También “se llevaron adelante comisiones investigadoras en el Congreso y se iniciaron investigaciones penales. Incluso la fiscalía reconoce que los propios carabineros llevaron adelante investigaciones respecto de su personal y que más de 190 funcionarios han sido sancionados como consecuencia de haber cometido infracciones en los días posteriores al 18 de octubre”.

La Corte de La Haya descartó que existieran antecedentes que se podrían considerar delitos donde la CPI pueda tener jurisdicción legal. También señaló que los episodios denunciados ante la Corte Penal Internacional no tendrían el mérito para abrir dicha investigación.