Isapres estatales de Codelco y del BancoEstado también deberán devolver cobros. Pese a ser aseguradoras estatales, ambas funcionaron como privadas.
Cada vez que ha sido abordado el tema, el Ejecutivo ha sido claro al señalar que el problema con las crisis de las isapres es responsabilidad de las aseguradoras privadas.
De hecho, esta semana la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que “llegamos hasta aquí por culpa de las isapres. El Gobierno ha buscado dos cosas: que los usuarios no queden sin recibir atención de salud y que las isapres paguen”.
Según publicó El Mercurio, si bien cuando se menciona a las isapres automáticamente se piensa en el sector privado, lo cierto es que existen dos aseguradoras que son propiedad del Estado y que también se han visto afectadas por los últimos fallos de la Corte Suprema, que fijaron el uso de una tabla única de factores para el cálculo de los planes y determinaron que pudieron haber realizado cobros en exceso a sus afiliados.
Esos son los casos de Isalud, que es una institución de salud previsional cerrada que da cobertura a los miembros de Codelco, y el caso Fundación, que es la aseguradora de BancoEstado y también es cerrada. Pese a ser aseguradoras estatales, ambas funcionaron como privadas, lo que también las obliga a realizar millonarias devoluciones a sus afiliados.
Según el cálculo del Comité Técnico convocado por el Senado, estas dos isapres deberían devolver más de $11 mil millones. Sin embargo, como las indicaciones presentadas por Salud obviaron una serie de medidas propuestas que contenían la deuda, esta cifra podría ser considerablemente más alta. Como referencia, según el cálculo de la Superintendencia, la deuda de estas isapres sería cercana a los $15 mil millones.
Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, dijo que pese a los montos a devolver, que se asemejan a otras isapres, como Vida Tres y Nueva MasVida, el caso de Isalud y Fundación es menos complejo, porque tienen la espalda financiera de empresas estatales.
“Estas son isapres que sus planes tienen relación con los convenios laborales, son planes colectivos. Ellos captan el 7% de los funcionarios y a partir de eso hacen planes para sus trabajadores y familias. Pero los derechos de salud están siempre muy por encima del 7%, por lo que se financian con aportes de la empresa estatal”, explicó Sánchez.
Para Manuel Inostroza, exsuperintendente de Salud, esta realidad “da cuenta de lo equivocado del fallo de la Corte Suprema y que lo que hace al tener fallos individuales y luego aplicarlos a todo el sistema, incluso impacta a instituciones que no tienen nada que ver con las críticas que se hacen al sistema privado. Estas dos isapres son aseguradoras de empresas del Estado, que son sin fines de lucro, todos los recursos se invierten en el propio funcionamiento del sistema y en los beneficios de los afiliados”.
Inostroza añadió que, “a pesar de que son sin fines de lucro, que hay un aporte estatal adicional para dar mejores coberturas, según el fallo de la Corte Suprema tienen que devolver plata”.
Pero lo cierto es que estas isapres, al igual que las aseguradoras abiertas, también han utilizado las tablas de factores que la Corte Suprema aseguró que eran ilegales, y en consecuencia, se generan las devoluciones de cobros en exceso.
Sin embargo, según Inostroza, ahí queda claro que el uso de tablas de factores estaba amparado por la legislación. “Mal podría el Estado estar incumpliendo la legalidad, habría que hacer acusaciones contra el directorio de Codelco. Claramente, hay un criterio técnico erróneo que hemos tratado de explicar miles de veces, pero que no han querido entender”, reclamó.
