Formalizado y sin medidas cautelares como la prisión preventiva o el arresto domiciliario, quedó el suspendido ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, investigado por la Fiscalía de O’Higgins por eventual delito de prevaricación y enriquecimiento ilícito.
En la audiencia realizada este viernes en el Juzgado de Garantía de esa ciudad, el persecutor Sergio Moya le imputó formalmente por el primer delito, en relación a revelar secretos del sumario e interceder en favor de cuatro abogados, los que estarían entre los próximos formalizados.
Además, el magistrado también fue acusado de enriquecerse por un total de $28.652.021, entre depósitos y transferencias bancarias. Según el fiscal, estos dineros equivalen al 50% de los ingresos que anualmente le paga el Poder Judicial y que no tienen justificación en su patrimonio.
La abogada de Elgueta, Blanca Rebolledo, pidió la nulidad de la formalización por estimar que la investigación estaba viciada, debido a una supuesta animadversión del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, por fallos del ministro en contra de sus investigaciones.
En ese sentido, recordó los fallos del magistrado en contra de las pretensiones del fiscal Arias en los casos Caval, CGE y el sacerdote Óscar Muñoz Toledo, lo que habría predispuesto al persecutor en contra del juez. Previamente, la abogada Rebolledo recusó a la jueza de Garantía a cargo de la formalización, Paz Reyes, debido a una relación de amistad de la magistrada con el ministro en la masonería de Rancagua.
Las dos peticiones de la defensa fueron desestimadas por la jueza, por lo cual se validó la formalización que estuvo a cargo del fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad de O’Higgins, Sergio Moya, quien sostuvo que ninguna de las afirmaciones de la defensora de Elgueta no eran ciertas.
El tribunal dio un plazo de investigación de 180 días y fijo nuevas formalizaciones para el 7 de junio próximo, instancia en la que el persecutor pretende imputar cargos a funcionarios del poder judicial y particulares, cuyas identidades optó por mantener en reserva.
Consultado si por las formalizaciones venideras se puede tratar de una organización ilícita, el fiscal Moya dijo que “el solo hecho de que existan varias personas investigadas no necesariamente implica que haya una organización criminal”. Consultado por vinculaciones políticas de parlamentarios de la región con el ministro, dijo que “en esta causa del señor Elgueta no he determinado hasta ahora ningún vínculo con representantes de elección popular”. Asimismo expresó que “la causa se ha tramitado desde el punto de vista judicial con absoluta normalidad, las vinculaciones que los imputados puedan tener no ha afectado en nada el éxito de la investigación, y por lo tanto esa medida no es necesaria y no sería legal”. Al término de la diligencia, el ministro investigado dijo estar “muy tranquilo, sólo vine a escuchar los cargos que se me imputan”.
En ese sentido, recordó los fallos del magistrado en contra de las pretensiones del fiscal Arias en los casos Caval, CGE y el sacerdote Óscar Muñoz Toledo, lo que habría predispuesto al persecutor en contra del juez. Previamente, la abogada Rebolledo recusó a la jueza de Garantía a cargo de la formalización, Paz Reyes, debido a una relación de amistad de la magistrada con el ministro en la masonería de Rancagua.
Las dos peticiones de la defensa fueron desestimadas por la jueza, por lo cual se validó la formalización que estuvo a cargo del fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad de O’Higgins, Sergio Moya, quien sostuvo que ninguna de las afirmaciones de la defensora de Elgueta no eran ciertas.
El tribunal dio un plazo de investigación de 180 días y fijo nuevas formalizaciones para el 7 de junio próximo, instancia en la que el persecutor pretende imputar cargos a funcionarios del poder judicial y particulares, cuyas identidades optó por mantener en reserva.
Consultado si por las formalizaciones venideras se puede tratar de una organización ilícita, el fiscal Moya dijo que “el solo hecho de que existan varias personas investigadas no necesariamente implica que haya una organización criminal”. Consultado por vinculaciones políticas de parlamentarios de la región con el ministro, dijo que “en esta causa del señor Elgueta no he determinado hasta ahora ningún vínculo con representantes de elección popular”. Asimismo expresó que “la causa se ha tramitado desde el punto de vista judicial con absoluta normalidad, las vinculaciones que los imputados puedan tener no ha afectado en nada el éxito de la investigación, y por lo tanto esa medida no es necesaria y no sería legal”. Al término de la diligencia, el ministro investigado dijo estar “muy tranquilo, sólo vine a escuchar los cargos que se me imputan”.
