El Partido Socialista emitió un comunicado donde condena el asesinato del joven Francisco Martínez Romero a manos de un funcionario de Carabineros en la comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos.

“Condenamos enérgicamente este crimen. Expresamos nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad cultural de la comuna de Panguipulli”, expresó.

Para la organización política, “es inaceptable que un procedimiento policial termine con la muerte de una persona como resultado del uso desproporcionado e injustificado de la fuerza. Este no es, desafortunadamente, un hecho aislado, y da cuenta de un problema de fondo en la formación institucional y en la actuación policial”.

“Las policías de Chile deben ceñirse siempre y estrictamente al respeto pleno de los derechos fundamentales y al principio de no discriminación. Por ello, es necesario una reestructuración de Carabineros con énfasis en su formación en derechos humanos y con mecanismos de control internos y externos que velen por un actuar enmarcado siempre dentro del Estado de Derecho”, añadió.

Finalmente, el PS pide que la justicia realice una investigación imparcial y se apliquen sanciones ejemplarizantes “para que estos hechos dolorosos y aberrantes no queden en la impunidad y no se sigan repitiendo en nuestro país”.

A su vez, el movimiento político Fuerza Común también emitió un comunicado donde exige justicia por el asesinato del joven malabarista.

En la misiva, el movimiento “declara su irrestricta condena y exige a la justicia que este hecho no quede impune”.

“Asimismo, declara la necesidad de la disolución del cuerpo de Carabineros de Chile; actos criminales como este por parte de la policía uniformada, demuestran que es urgente su refundación con intervención civil sobre sus altos mandos. La incapacidad de la política de hacer este cambio no es gratis: se paga en muertes”, sostuvo.

La organización insiste en que “Carabineros de Chile ha sido incapaz de respetar el principio de la legalidad, de la necesidad, proporcionalidad y responsabilidad; principios que no parecen conocer”.

“Fuerza Común también interpela a la clase política a actuar con eficacia para representar las demandas ciudadanas, se debe exigir que Carabineros de Chile sea una institución que garantice y proteja los Derechos Humanos y no que siga funcionando sin recurrir a la razón si no sólo a la fuerza. No puede seguir actuando como en dictadura bajo el supuesto de enfrentar al ‘enemigo interno’ ni seguir actuando como fuerza represiva y no protectora, la ciudadanía no seguirá permitiendo que un control de identidad termine en asesinato, y esto seguirá ocurriendo mientras carabineros cuente con la protección del gobierno que les garantiza impunidad ante las violaciones a los derechos humanos que se han generalizado en el país”, concluyó.