Se dio a conocer que el Ministerio del Interior firmó un millonario contrato con Sky Airlines para realizar expulsiones masivas de extranjeros, en medio de las también decenas de anulaciones de tribunales a estas deportaciones.

Según informó La Tercera, el contrato, firmado el 21 de abril con la compañía presidida y controlada por Holger Paulmann -sobrino del fundador de Cencosud-, fija un monto máximo de $1.500 millones de pesos.

El texto, además, establece que el contratista deberá concretar al menos 15 vuelos y cada uno de ellos con hasta 180 pasajeros. Si la aerolínea cumple con el número de expulsiones, recibirían un total de $555.555 por cada extranjero deportado.

A la fecha, la compañía ha efectuado dos vuelos con un total de 108 pasajeros deportados. El último traslado -realizado el 6 de junio pasado- despegó desde Santiago y tuvo que hacer una escala en Iquique, subiendo a la aeronave otros expulsados para continuar su viaje a Caracas, Venezuela.

Sobre las cifras, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, indicó al citado medio que “esta no fue una decisión económica, porque radica en la necesidad de hacer tutela y cumplir con el mandato legal de llevar adelante expulsiones cuando se vulneran gravemente las normas migratorias o cuando lo han dispuesto los tribunales de justicia en virtud de sustituir la pena privativa de libertad por una pena de expulsión”.

El contrato también fijó sanciones en caso de incumplimientos: “En la eventualidad de que exista un retraso de más de una hora en el despegue del vuelo por razones que sean de única y exclusiva responsabilidad del contratista, se multará con un monto equivalente de hasta 5% de la facturación correspondiente al valor del vuelo afectado”, señala el documento.

En caso de “desperfectos mecánicos”, la aerolínea deberá gestionar en un máximo de 24 horas el reemplazo del avión “sin costo para la Subsecretaría del Interior”. Si se excede ese tiempo, se multará con un monto equivalente al 5% de la facturación correspondiente al valor del vuelo.

Sin embargo, el acuerdo también establece una serie de condiciones que podrían poner término al contrato. Entre ellas está la insolvencia del contratista, la aplicación de más de seis multas en el periodo de un año o tres multas en un periodo de tres meses consecutivos.