Dentro de las funciones del Servicio de Impuestos Internos (SII), le corresponde la aplicación y fiscalización de todos los impuestos nacionales.
Por lo anterior, el objetivo del proceso de fiscalización del SII es determinar si el contribuyente declaró correctamente sus impuestos y revisar si existe una diferencia entre su declaración y su capacidad económica, para lo cual se utilizan diversas fuentes de información y, en el evento que dicho contribuyente no aporte los antecedentes necesarios para aclarar los cuestionamientos, el funcionario encargado del proceso, en base a los mecanismos y facultades legales, puede emitir una “Liquidación de Impuestos” que debe indicar el monto de los tributos adeudados, más las multas, reajustes e intereses.
Como es sabido, desde hace varias décadas, el SII ha sido pionero en la implementación de nuevas tecnologías para mejorar sus procesos de control y fiscalización y en ese contexto, de acuerdo a la información disponible, desde el año 2004, ha estado desarrollando procesos de fiscalización masivos a través de la creación de sistemas informáticos que, con el tiempo, se han ido aplicando directamente para la selección de contribuyentes riesgosos. Es decir, se trata de un modelo que pone un énfasis preventivo, basado en la gestión de riesgos y que cuentan con un apoyo informático uniforme a lo largo del país, con objeto de lograr eficiencia y efectividad en la fiscalización, todo lo cual, sin duda ha contribuido a hacer más eficiente la labor del SII, cuestión que ha sido reconocido tanto a nivel nacional como internacional.
Pero, ¿qué pasa si un contribuyente, que ha sido seleccionado por el sistema, no acude a la Unidad y mantiene “observadas” sus declaraciones de impuestos?
Lo normal es que el Servicio inicie un procedimiento de fiscalización y asigne el caso a un funcionario, al final de lo cual, si no se solucionan las discrepancias, se emitirá una Liquidación de Impuestos.
Adicionalmente, el sistema informático también contempla, para ciertos casos, la emisión de una Liquidación de Impuestos “Especial”, en la cual no intervendría directamente un funcionario. Y es frente a este tipo de Liquidaciones Especiales que no se dispone de suficiente información que permita tener total claridad acerca de si efectivamente se cumplen los requisitos para aplicar un impuesto a un contribuyente determinado.
Ahora bien, según las fuentes consultadas, existirían algunas Liquidaciones de Impuestos Especiales que no tendrían fundamentos claros y definitivos o bien, incurren en algunos errores y, por lo tanto, los Giros de Impuesto y los eventuales procesos de cobranza, embargo y remate de bienes realizados por la Tesorería General de la República, también tendrían potenciales deficiencias.
Así, hoy en día, en que la Inteligencia Artificial se está empezando a utilizar cada vez más, tanto en el sector privado como en el público lo que, sin duda permitirá hacer más eficientes procesos a través de mecanismos inteligentes, dichas tecnologías disruptivas, sin embargo, también plantean nuevos desafíos a la Administración Tributaria como, por ejemplo, evitar la discriminación algorítmica o la opacidad de las decisiones y dar garantías plenas de respeto a los derechos de los contribuyentes.
Y aquí surge la pregunta: ¿Pueden aplicarse algoritmos para determinar realmente los impuestos justos de cada contribuyente?
