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La titular de Interior afirmó que "no significa que no haya que tener una actitud vigilante, y ver también la posibilidad de que a través del ingreso de personas que están vinculadas al crimen organizado haya personas que hayan tenido relación en algún minuto con las maras".

La medida estaba originalmente programada para el 3 de septiembre, un día antes del plebiscito de salida de la nueva Constitución. Si bien no fue explicitado por el Ejecutivo, ese sería el motivo detrás de la modificación.

La ministra del Interior afirmó que “estos funcionarios van a reforzar la labor clave para la prevención del delito, como controles y fiscalizaciones y patrullajes, es decir, estarán donde más nos han pedido los vecinos y vecinas, en la calle previniendo los delitos”.

El diputado y jefe de bancada RN, Andrés Longton, afirmó que "venimos a la Contraloría porque si la ministra hubiera sabido de antemano que sus dichos podían revestir carácter de delito, hubo una omisión de denuncia clara. Ella se enteró de esto el 1 de abril o tal vez antes (...) ella tenía la obligación, como ministra de Estado, de haber denunciado estos hechos".

Mijael Carbone Queipul manifestó que “es lamentable que mucha gente se aproveche y haga especulaciones innecesarias con doble sentido. Por un sentido, provocar el distanciamiento interno de dos comunidades (las dos Temucuicui) y creo que eso no debería ocurrir”.

"Los delincuentes se adaptan a la contingencia para cometer algún tipo de fraude o estafa. Así lo evidenciamos con la llegada del coronavirus, con los retiros del 10% y hoy la Navidad es la excusa principal", indicó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

El subsecretario del Interior abordó el último informe de la ONU, y señaló que “tanto el gobierno como la institución de Carabineros de Chile han dado muestras de haber observado con atención las lecciones que nos dejaron los episodios de violencia con posterioridad del 18 de octubre, y así lo destaca el informe".

El acuerdo establece que el contratista deberá concretar al menos 15 vuelos y cada uno de ellos con hasta 180 pasajeros. Si la aerolínea cumple con el número de expulsiones, recibirían un total de $555.555 por cada extranjero deportado.

Representados por el abogado Gabriel Arias, desde el Ministerio del Interior apuntaron en el documento que la querella se orienta a “todos quienes resultan responsables como autores, cómplices o encubridores, por el delito de homicidio de un miembro de la Policía de Investigaciones de Chile que se encontrare en el ejercicio de sus funciones”.

Claudia Mix, diputada de Comunes, pidió un informe detallado sobre todos los tipos de gases con efecto disuasivo que usa Carabineros y los tipos de gas pimienta que existen y que son utilizados por dicha institución, tras el hecho ocurrido el fin de semana en Puente Alto, que afectó a dos menores de edad.